En las vísceras podridas de un sistema de justicia confiscado. Las recientes declaraciones públicas de la exmagistrada Bárbara Gabriela César Siero no pueden, bajo ninguna narrativa anestésica, interpretarse como un gesto de heroicidad ni como un atisbo de valentía tardía. Su denuncia pública constituye una confesión de prevaricación judicial.

  Llamemos a las cosas por su nombre. Aprobar resoluciones judiciales sin soporte legal, viciadas de arbitrariedad y destinadas a conculcar derechos políticos, como la inhabilitación de cualquier dirigente político, se llama, en el estricto lenguaje del derecho penal y de la ética pública, prevaricación. Y la prevaricación jamás será un acto de valentía; la prevaricación es un delito. Aunque los expertos en derecho penal argumentarán que su decisión la tomó bajo coacción, sin plena voluntad ni libertad.

 Es cierto que el manto del chantaje sobre su entorno familiar revela los métodos execrables del poder fáctico. Sin embargo, la confesión de una alta jueza admitiendo haber firmado sentencias a sabiendas de su ilegalidad no redime la culpa y destruye el principio mismo de la institución. La toga judicial que se dobla ante el miedo o la conveniencia liquida la majestad del cargo y degrada, de forma irreversible, la solidez........

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