Arrancaron los nuevos mandatarios territoriales. El primer reto es la formulación de los planes territoriales de desarrollo junto a la selección de las personas más idóneas para conformar los equipos de gobierno. En esta labor, vale la pena resaltar la nómina de los alcaldes de Bogotá y Cali Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder, quienes han sorprendido gratamente por haber escogido a personas de las más altas calidades académicas y profesionales. Esto demuestra que sí es posible estructurar equipos que le den altura al sector público local, lo que genera confianza y augura un buen desempeño.

El nuevo gabinete estará encargado de formular el plan de desarrollo 2024-2027, que es la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Si bien es común que los gobiernos reciban apoyo de consultores externos para la elaboración del plan, esto no se puede convertir en un contrato para mercaderes de planes de desarrollo con cuestionable reputación, o que buscan favorecer intereses particulares. La administración, de manera integral, debe estar involucrada en la construcción del plan, lo que requiere de la existencia de un equipo para su coordinación, con la suficiente jerarquía técnica y política. Según el KIT de Planeación Territorial del DNP, la fase de alistamiento debe culminar a más tardar el 15 de enero, incluyendo la definición del cronograma de actividades y su financiación.

Posteriormente, se debe pasar a la formulación participativa del plan a partir de metodologías precisas. La sugerencia del gobierno nacional ha sido clara: “para garantizar un verdadero impacto es necesario repensar la planeación. Tenemos que romper la lógica de ejecutar por municipio y departamento. Ya es hora de tomar las particularidades de los territorios y las relaciones funcionales entre estos y sus complementariedades como base para la construcción de los nuevos planes de desarrollo territoriales”. Eso significa la necesidad de una fuerte articulación con los departamentos vecinos, a nivel de provincias y área metropolitana.

Sería lamentable que sigamos en las mismas: planes de desarrollo dispersos; orientados a actividades y productos y no a resultados; sin metas ambiciosas; sin la apropiación por parte de los funcionarios y la ciudadanía; y sin una priorización real de proyectos de alto impacto. La fecha límite para la discusión y aprobación del plan en las corporaciones públicas es el 31 de mayo. No hay tiempo que perder. Los nuevos mandatarios tienen la palabra y todas las organizaciones sociales, privadas y académicas deben apoyarlos en ese gran propósito.