En Colombia, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha surgido como un tema de debate y reflexión en medio de un contexto político y social complejo. Esta iniciativa plantea la posibilidad de revisar y reformar la Constitución de 1991, que ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde diversos sectores de la sociedad.
El presidente Gustavo Petro viene promoviendo esta propuesta, argumentando que han pasado más de tres décadas desde la Constituyente del 91 y que existen aspectos de la Constitución actual que deben modificarse o revisarse. En su discurso en puerto resistencia en Cali manifestó, “si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, ordenó y mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las trasformaciones de esas instituciones las que se tiene que presentar. No es el pueblo él que se va, es la institución la que cambia”
Petro ha propuesto iniciar el proceso con movilizaciones populares y «cabildos abiertos», buscando así la participación activa de la ciudadanía en la definición de un nuevo marco constitucional. el proceso debería iniciarse con movilizaciones populares y «cabildos abiertos», mecanismos de participación ciudadana vigentes en la Constitución del 91. Petro ha instado a la organización de comités municipales y a la movilización de la población para ejercer el poder constituyente en todos los lugares de Colombia idea que respalda el movimiento comunal, quienes agregan “Este es el ejercicio que hay que hacer: constituyentes municipales y constituyentes departamentales que nos conduzcan a una gran ‘constituyente popular’. Ya miraremos luego si el Congreso permite una constituyente de reforma estructural, de reformas a las normas actuales”
Vale recordar que la constitución de 1991 está cimentada sobre la idea de libre mercado y la apertura económica cuya finalidad fue fortalecer al gran capital y no un pacto social como nos han querido hacer creer. Al ser un instrumento capitalista y antipopular se comporta como un aparato que cuenta con una excesiva rigidez que dificulta la capacidad de adaptarse a cambios sociales, económicos o políticos, la fragmentación del poder entre las ramas del gobierno, señalando que la distribución del poder entre las ramas del gobierno y los niveles territoriales puede generar conflictos y obstaculizar la toma de decisiones eficaces.
Por otra parte, la descentralización excesiva que Algunos críticos consideran que la descentralización establecida en la Constitución puede haber llevado a una fragmentación excesiva del poder y a una falta de coordinación en la implementación de políticas públicas. Además de lo anterior, tiene problemas de implementación: muy a pesar de contar con un marco constitucional “progresista”, se ha argumentado que la implementación efectiva de los principios y derechos consagrados en la Constitución ha sido desafiante en la práctica como quien dice todo y nada.
En cuanto a la orientación económica, se plantea una dicotomía entre el libre mercado y el neokeynesianismo. Mientras la constituyente de 1991 promovió el libre mercado, las reformas propuestas por Petro van en dirección opuesta, buscando una mayor intervención estatal y la protección de lo público. Aquí un pequeño esbozo teniendo en cuenta la magnificación de lo económico por encima de lo social.
Una mirada rápida la encontramos en la dicotomía entre el libre mercado y el neokeynesianismo, que representan dos enfoques económicos con diferencias significativas en cuanto a la intervención estatal y la regulación de la economía. Aquí se presentan algunas diferencias clave entre ambos enfoques:
Libre Mercado: Mínima intervención estatal: En el libre mercado, se promueve la idea de que la economía funciona mejor cuando el Estado interviene lo menos posible, permitiendo que las fuerzas del mercado determinen los precios, la producción y la distribución de bienes y servicios.
Énfasis en la competencia: Se considera que la competencia entre empresas es beneficiosa para la eficiencia económica y la innovación, ya que incentiva la reducción de costos y la mejora de la calidad.
Mano invisible: Se basa en la teoría de la «mano invisible» de Adam Smith, que postula que los individuos persiguiendo sus propios intereses en un mercado libre tienden a promover el interés general de la sociedad.
Neokeynesianismo: Intervención estatal activa: Los neokeynesianos abogan por una intervención estatal activa en la economía para corregir fallas del mercado, estabilizar la demanda agregada y promover el pleno empleo.
Políticas fiscales y monetarias: Se enfoca en el uso de políticas fiscales (gasto público, impuestos) y monetarias (control de la oferta de dinero) para influir en la actividad económica y suavizar los ciclos económicos.
Énfasis en la demanda agregada: Se centra en la importancia de la demanda agregada para estimular el crecimiento económico y abordar el desempleo, en contraposición a la idea de que los mercados siempre se autorregulan eficientemente.
En resumen, mientras el libre mercado aboga por una mínima intervención estatal y confía en la autorregulación del mercado, el neokeynesianismo defiende una intervención activa del Estado para corregir fallas del mercado y promover la estabilidad económica y el “pleno empleo”.
En síntesis, la propuesta de una nueva Constituyente en Colombia ha generado debates sobre su necesidad y conveniencia en un contexto de crisis económica y política. Las posiciones a favor argumentan que podría ser una oportunidad para abordar problemas estructurales y promover cambios profundos en la sociedad, mientras que los detractores señalan los riesgos de polarización y conflicto que podría generar.
Dado lo anterior es conveniente una mirada rápida en su aplicación práctica,
Mientras la constituyente de 1991 sirvió para privatizar la salud, el agua, la educación, flexibilizar la vida laboral y engordar los fondos de pensiones privados entre otros, las reformas propuestas en el mandato de Petro riñen con el anterior modelo, razón esta que lleva a que la oligarquía cierre filas en función de proteger su buena tajada.
Lo que motiva a que Petro convoque al pueblo como constituyente primario a defender su papel de constituyente primario no radica en los cambios profundos que necesita la nación, radica en la reñida puja de mayo y junio de 2022 en las urnas por la presidencia y la baja captura del poder local del progresismo en las elecciones de octubre de 2023, esto ha llevado a que la maquinaria legislativa se cierre a la banda y promueva el archivo de las reformas ya trasquiladas.
Por su parte el pueblo expectante alucina con la idea de una Nueva Constituyente esperando por allí las respuestas de sus pesadillas. Sin embargo, ésta promovida por el mandatario tiene algunos bemoles, por una parte, concentrarse en administrar desde lo público al capitalismo en crisis es darle oxígeno para que este se repotencie por unos días, al final la misma crisis del capitalismo colombiano y mundial pasará cuenta de cobro debido a que el asunto de la desigualdad social radica en la concentración de capital fuera de las manos de los trabajadores así que entregarlo al Estado tampoco es garantía de solución.
Aun así, sí facilitaría el camino para que la clase trabajadora aprovechando la figura de la asamblea popular ANP se proponga un salto cualitativo que reordene el territorio, decida sobre la política mineroenergética y ambiental, solucione el déficit de vivienda, gestione adecuadamente la salud, la educación y el empleo, en ultimas que cuestione la concentración del capital en pocas manos y se proponga una democratización del mismo hacia la generación de un conglomerado popular capaz de gestionar sus necesidades.
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