20 años de Consejos Comunales: ¿emancipación o tutela?, por Rafael A. Sanabria M.

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La historia de las naciones no se escribe únicamente en los grandes decretos, sino en la mutación ontológica de sus ciudadanos. Al cumplirse veinte años de la irrupción de la Ley de los Consejos Comunales en el tejido social venezolano, me hallo ante un fenómeno que desborda lo estrictamente jurídico para instalarse en la dialéctica del poder y la participación.

¿Qué somos hoy como cuerpo social y qué hemos hecho con la facultad de decidir sobre nuestra propia inmediatez? Esta interrogante no busca el choque de banderas, sino la disección académica y humana de una estructura que prometió ser el epicentro de una nueva geometría del poder, pero que hoy demanda un balance impostergable de su praxis por parte de sus propios actores.

¿Qué somos hoy como cuerpo social y qué hemos hecho con la facultad de decidir sobre nuestra propia inmediatez? Esta interrogante no busca el choque de banderas, sino la disección académica y humana de una estructura que prometió ser el epicentro de una nueva geometría del poder, pero que hoy demanda un balance impostergable de su praxis por parte de sus propios actores.

Considero que la implementación de esta ley respondió a una necesidad histórica de visibilizar al «invisible», intentando desplazar el centro de gravedad desde las instituciones macrocefálicas hacia la periferia comunitaria. Sin embargo, como observador de los procesos sociales, debo preguntar con rigor a los miembros de estas instituciones si esa transferencia de competencias fue acompañada de una verdadera maduración de capacidades y autonomía.

¿Fue necesaria la ley? Como mecanismo de ruptura con el centralismo ineficiente, entiendo que sí; pero como instrumento de gestión, su balance se me presenta como una cartografía de claroscuros donde la teoría de la democracia directa se ha enfrentado a la rigidez de una cultura política que aún no termina de nacer.

Si realizamos un recorrido nacional, la mirada académica detecta una asimetría preocupante. Mientras algunas comunidades exhiben logros tangibles de cohesión, la «obra de alto nivel» —aquella que trasciende lo paliativo para convertirse en infraestructura transformadora— ha sido la excepción y no la regla.

El activismo, a menudo carente de rigor técnico, sustituyó a la planificación estratégica. El entusiasmo inicial de muchos se estrelló contra la falta de mantenimiento sistemático y una desprofesionalización del espacio público que ha terminado por desvirtuar la esencia de la autogestión.

¿Se le ha visto el fruto? En lo material, el fruto es disperso; en lo social, el fruto es una estructura que oscila entre la participación genuina y la canalización administrativa de la escasez. El punto de mayor fricción para mi conciencia reside en la fibra ética de quienes integran estas instancias. Un consejo comunal es, en su raíz, un ejercicio de confianza y reserva moral.

¿Se le ha visto el fruto? En lo material, el fruto es disperso; en lo social, el fruto es una estructura que oscila entre la participación genuina y la canalización administrativa de la escasez. El punto de mayor fricción para mi conciencia reside en la fibra ética de quienes integran estas instancias. Un consejo comunal es, en su raíz, un ejercicio de confianza y reserva moral.

Interpelo aquí a los actores políticos y voceros: ¿Han sido la integridad y la formación ética los pilares de su gestión? Me topo con una realidad que nos cuestiona a todos: la politización de la necesidad humana. Cuando la estructura comunal deja de trabajar en función de la carencia universal del vecino para convertirse en un sensor de lealtades o en un filtro de beneficios, se traiciona la teleología de la ley.

La formación ética no es un contenido programático de ocasión; es la disposición innegociable de administrar el bien común con transparencia absoluta. La ausencia de una contraloría social técnica y despartidizada ha permitido que la discrecionalidad debilite el prestigio de la organización popular.

Para que este modelo sea objeto de estudio fértil por investigadores, debemos admitir que la emancipación no se decreta, se cultiva. El consejo comunal no puede ser un apéndice presupuestario del Estado, sino un órgano vivo y autónomo de la sociedad civil. Si su supervivencia financiera y operativa depende exclusivamente del tutelaje central, su capacidad de crítica y su vocación de servicio universal se ven intrínsecamente comprometidas.

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La verdadera obra de «alto nivel» que el país reclama no es solo el asfalto, sino la creación de un sujeto histórico capaz de proponer y ejecutar con honestidad intelectual y moral. A veinte años de distancia, la pregunta que me sacude el alma es una sola: ¿hemos construido ciudadanos libres y autosuficientes, o simplemente hemos democratizado la gestión de la dependencia?

La respuesta a este dilema determinará si el consejo comunal fue un peldaño sólido hacia la madurez republicana o una oportunidad extraviada en la retórica de un poder que no terminó de ser del pueblo.

Rafael Antonio Sanabria Martínez es profesor. Cronista de El Consejo (Aragua).

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