El feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade no comenzó el día en que su cuerpo apareció en un terreno baldío de Ciudad Juárez. Comenzó antes. Comenzó en una ciudad que normalizó la desaparición de mujeres jóvenes, en un Estado que aprendió a administrar la violencia sin urgencia y en un sistema de justicia que convirtió la espera en política pública.

Lilia Alejandra tenía 17 años. Era madre de dos bebés y trabajaba en una maquiladora, una de esas fábricas que sostuvieron durante décadas la narrativa del milagro fronterizo mientras las mujeres que las habitaban se volvían prescindibles. El 14 de febrero de 2001 salió de casa para cumplir su turno. No volvió. Cuando su madre, Norma Andrade, acudió a denunciar la desaparición, el aparato estatal respondió como lo hacía entonces —y demasiadas veces sigue haciéndolo ahora—: con indiferencia, lentitud y sospecha hacia la víctima.

La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 19 de diciembre de 2025 no solo señala a México por un feminicidio. Lo hace responsable por el origen del daño: la omisión temprana, la falta de búsqueda inmediata, la ausencia de una investigación con enfoque de género en un contexto donde ya era público y notorio que desaparecer a una mujer en Ciudad Juárez podía ser una antesala de la muerte.

El 21 de febrero de 2001, el cuerpo de Lilia Alejandra fue hallado con signos de violencia sexual y estrangulamiento. Para entonces, el patrón estaba documentado. La propia Corte Interamericana ya lo había descrito años........

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