Conocido es que la Constitución Española, en su artículo 47, consagra el derecho a la Vivienda. Se trata de uno de esos derechos que no se cumplen ni se aplican de manera generalizada. Mientras la vivienda sea una mercancía más, tanto en su condición de propiedad como de alquiler, sólo accederán al ejercicio de este derecho las personas con recursos suficientes, y ahora elevados.

La crisis iniciada en 2008 expulsó del mercado de compra-venta a cientos de miles de personas, que, al perder sus empleos, no pudieron afrontar el pago de sus hipotecas, perdiendo viviendas a pesar de haberlas pagado en una buena parte. Entonces el Estado rescató a la banca aportando decenas de miles de millones de euros que no han devuelto (a pesar de sus multimillonarios beneficios posteriores); pero no tuvo “el detalle” de rescatar a las personas, víctimas de una situación provocada precisamente por las entidades financieras. 

La salvaje especulación urbanística, impulsada por los fondos buitre y los pisos turísticos, ha elevado, no sólo el precio de los pisos, sino también de los alquileres. Como los salarios no suben apenas, las familias son incapaces de poder afrontar dichos pagos, habiéndose llegado a una crisis de vivienda sin precedentes.

Lo novedoso no es el sistema mercantilista, sino la extensión cuantitativa y cualitativa........

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