La comisión de la verdad en muy corto tiempo logró describir una máquina de horror contra inocentes, diseñada para mantener el statu quo y los privilegios de quienes imponen su herencia colonial y patriarcal, a sangre y fuego, bajo la idea de ser gente de bien, racista, avara, que ha sido enfrentada por una insurgencia que reprodujo algunas prácticas inhumanas de incalculable atrocidad y alevosía.
La tragedia humana cerró este capítulo con que 9 de cada 10 víctimas mortales fue población civil no combatiente, sujetos protegidos por el Derecho en todas sus formas, por la costumbre, la ética y el sentido común de respeto por la vida y la dignidad humana. Todas las reglas y costumbres fueron violentadas. Hubo zonas tenebrosas de indignidad humana, tiranos en cargos de todas las ramas del Estado, del gobierno y de las comandancias insurgentes, así como empresarios de éxito, contratistas, informadores, entre tantos que apoyaron, alentaron o encubrieron la fiesta de la muerte. Quienes vivieron de sangre y rapiña ofendieron a la nación, cometieron o incubaron crímenes difíciles de relatar. Clanes, familias, grupos de poder se apropiaron del aparato del Estado, instituciones, leyes, ejército, dinero, cambiaron la narrativa de defensa de la vida y del bien público, por otra de culto al interés privado e impidieron el curso, maduración y desarrollo del Estado de Derecho.
La guerra hecha barbarie arrasó poblaciones, castigó la protesta legítima, mutiló, descuartizó, desapareció, decapitó, utilizó hornos crematorios, raptó mujeres y las convirtió en botín, entregó niñas a machos enardecidos. Regiones enteras fueron encerradas y hubo matones decidiendo las conductas ajenas, la hora de acostarse, el modo de vestirse o señalando a gusto a quien perseguir y eliminar cada día, hubo uniformados con prendas oficiales de día y capuchas de noche para afianzar el terror.
Esa verdad la cuenta la comisión de la verdad, precedida del compendio ¡Basta Ya!, que recopiló memorias de guerra y dignidad (CNMH), que el gobierno Duque desprecio tratando de fijar las bases de una interpretación negacionista de ultraderecha de la memoria, como protección de silencio e impunidad. La comisión de la verdad informa con precisión de la magnitud y extensión de los hechos del horror en el que fueron asesinados los mejores líderes, lideresas, hombres y mujeres. 70.000 asesinatos selectivos y cientos en exilio. El llamado centro ideológico fue atacado (L. C. Galán, G. Cano) y la izquierda exterminada, 6000 militantes de la UP y 3 candidatos presidenciales asesinados (Pardo Leal, Jaramillo, Pizarro). Defensores de derechos, a la tierra, al territorio, la prensa libre, campesinos, universitarios afro, indígenas padecieron la masacre, la aniquilación, la extinción. El país quedó destrozado, su tejido social semidestruido, su sistema productivo frágil, el aparato de bienestar (salud, educación) a merced de la privatización. La política malinterpretada corrompió, polarizó, produjo insuperables afectaciones corporales y mentales que condicionan y atacan la vida en presente.
Las instituciones estuvieron y aún muchas permanecen cooptadas por el proyecto exterminador. 51 congresistas y decenas de gobernantes locales, fueron condenados por parapolítica (solo en el periodo 2006-2010). Los partidos políticos tradicionales hoy autollamados de “oposición” (Conservador, liberal, C. Radical, U) estuvieron comprometidos en la guerra contra inocentes y los ahora expresidentes y las directivas de gremios (Fenalco, Andi) guardaron silencio. Queda un balance de gobiernos locales debilitados tratando de incentivar la federalización, instituciones clientelizadas forzadas por contratación y cuotas en nóminas, hospitales públicos semiparalizados, universidades con déficit estructural, sin discursos rebeldes y reducida autonomía, sindicatos acorralados, líderes falsamente judicializados, juntas comunales, organizaciones de base, colectivos populares, artistas, y críticos amedrentados, acosados, silenciados o seducidos por la libertad del mercado.
Las élites han manejado y manipulado el poder a su antojo y la respuesta armada cayó en la trampa de hacer lo mismo en tiranía. La intensidad del conflicto y las violaciones a derechos humanos no estuvo distribuida de manera uniforme a lo largo de los años, ni afectó a todas las regiones al mismo tiempo, lo que ha impedido comprender la tragedia completa, como en los terremotos los epicentros quedaron destruidos y las periferias apenas percibieron leves réplicas. Los asesinatos de líderes muestran mayor intensidad allí donde hubo mayor fuerza social organizada.
La JEP en su tarea judicial, a través de tribunales para juzgar los grandes crímenes y a sus responsables mediante una especial justicia restaurativa que dignifique a las víctimas mediante macro casos evidencia el horror en regiones como Cauca, Valle, Nariño, Urabá y seguramente redescubrirá a otros responsables hoy anónimos, que durante todas las épocas han planeado y ordenado la matanza, el destierro y el despojo, con la fórmula de mantener activa una guerra que permite exterminar inocentes. La guerra ha encubierto la matanza de civiles inocentes para afianzar poderes y despojos.
La comisión de la verdad deja el más consolidado archivo de derechos humanos en el país, logrado con miles de testimonios de víctimas, victimarios, expertos; informes; análisis de casos y; utilización de bases de datos, que permitieron concluir con las impensables y vergonzosas cifras de 121.768 desaparecidos y 450.664 asesinados de los cuales el 45% (202.026 y cerca de 4000 masacres) ocurrió entre 1996-2004 con el pico más alto en 2003 bajo la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe. El 45% de crímenes fueron cometidos por paramilitares, el 21% por FARC y el 12% por agentes del Estado. Quedaron 10 millones de víctimas (20% de la población, 1 de cada 5 habitantes).
Solo la paz permitirá abandonar la vergüenza causada con la barbarie. La paz no puede ser tratada como beneficio político de nadie, es asunto nacional, no es para el gobierno, un partido o sector social, quienes han alentado la guerra deben ser llamados a desideologizarla. Sobre la nación destrozada, dividida por el contaminado filtro de la política sin partidos ni programas, tienen que ocurrir los cambios de fondo, para reconstruir en democracia el Estado de Derecho y acceder a las garantías a derechos sin miedo, ni demora, muy a pesar de que algunos actores políticos, clanes y mafias, traten de impedirle a la sociedad que sepa la verdad completa, para que la paz también pueda ser completa y la vida sea vivida con dignidad. Gracias a esa verdad, la que presenta el informe de la comisión de la verdad, es que resulta imprescindible agilizar los cambios necesarios.
P.D. Con los lineamientos de la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE, compuesta por delegados/as de las 34 Universidades públicas se ratifica el compromiso ético, académico y social de divulgar ampliamente y explicar el informe de la comisión de la verdad e incorporarlo entre otras en las cátedras Alfredo Molano y/o de la JEP y en agendas de construcción de paz y formación ciudadana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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