CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El homicidio de Carlos Manzo, presidente de Uruapan, Michoacán, no fue un hecho aislado. Fue una advertencia. Una más en la larga lista de crímenes que marcan la descomposición del poder local en México. El asesinato del alcalde de Uruapan no solo truncó una vida; exhibió la vulnerabilidad de toda autoridad que se atreve a ejercer el cargo sin pactar con el miedo. Cada funcionario caído revela la misma verdad: gobernar conforme a la ley se ha convertido en un acto de riesgo. En México, hacer cumplir la ley puede costar la vida. Gobernar con legalidad ya no es mandato: es desafío. El crimen organizado no solo disputa territorios; disputa legitimidad, reconocimiento social y control simbólico del poder. En amplias regiones del país, las armas sustituyen las urnas y el miedo reemplaza la autoridad. Donde el terror se instala, la ley deja de ser refugio y se convierte en riesgo. La frontera entre Estado y crimen se desdibuja. Las instituciones sobreviven en el papel, pero el control efectivo del territorio se diluye entre pactos, omisiones y silencios. Cuando el Estado calla, el silencio se vuelve su condena. En esa penumbra institucional, la legalidad ya no protege: se defiende a sí misma con lo poco que le queda de fuerza moral.

Primero. El artículo 1° constitucional, que garantiza igualdad ante la ley, se ha vuelto un ideal vacío. Se aplica con rigor al ciudadano común, pero se negocia con quienes bloquean carreteras, incendian vehículos o secuestran comunidades. Se castiga al débil y se tolera al violento. La autoridad actúa donde puede, no donde debe. Las “mesas de diálogo” sustituyen la fuerza del derecho. El Estado se sienta con quienes lo desafían y pospone su deber de imponer la........

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