Los pueblos organizados como Estados cuentan con una estructura, así sea mínima, que les permite una convivencia armónica sujetándose a un sistema de normas adoptadas de acuerdo a procedimientos previamente establecidos. En la medida que el Estado respeta y garantiza los derechos de sus habitantes, sus instituciones funcionan sujetos a la división de poderes y sus autoridades se someten periódica y regularmente al escrutinio público; rinden cuentas de sus acciones y el manejo de los recursos públicos, podemos decir que se trata de un Estado democrático.

Bolivia, que a lo largo de su historia no pudo dotarse de una estructura institucional sólida, con lo poco que tenía fue desarrollándose lentamente a trompicones con grandes sacrificios del pueblo de alcanzar un ansiado Estado democrático de Derecho. Pasamos por momentos dolorosos en los que la intolerancia, el deseo de imponer el pensamiento único y la ambición de poder de quienes pretendieron perpetuarse en él para satisfacer sus ambiciones personales y de su parcialidad provocando derramamiento de sangre inocente. No obstante de ello, logramos dotarnos de una estructura institucional importante a través del reconocimiento de la autonomía municipal, la elección popular de autoridades municipales y departamentales y otras medidas que, si bien en el camino fueron desnaturalizando los objetivos de su creación, al menos existe la esperanza de que en algún momento recuperen la razón de su existencia.

No obstante las reticencias provocadas por la pertenencia a un gobierno corrupto y autoritario de Evo Morales, la ciudadanía confió su voto a Luis Arce y David Choquehuanca con la esperanza de que, al ser personas con formación académica y libres de la influencia directa del autócrata, avanzarían hacia la recuperación de los principios y valores democráticos y generarían un clima de diálogo enriquecedor, restablecer lo perdido en institucionalidad y derechos. Lamentablemente hoy el empeño gubernamental va rumbo a una mayor desestructuración del Estado y la pérdida de derechos de los/as ciudadanos: magistrados que se autoprorrogan, legislativo que no funciona, Fiscalía en rol de control político y otras señales preocupantes de pérdida de institucionalidad.

Que el año 2024 los que gobiernan Bolivia respeten los DD.HH y den señales de honradez y transparencia, y que las/os bolivianos sumemos fuerzas para cerrar el paso al abuso, el autoritarismo y la corrupción.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]