Somos testigos en cada vez que se interrumpe la venta de gasolina, diésel o gas domiciliario en garrafas, por ejemplo, de la formación de colas y comentarios especulativos de toda índole sobre sus causas y consecuencias. Sencillamente somos altamente vulnerables a la carencia de las fuentes tradicionales de energía. Y, por supuesto, para nada “sustentables” en el corto, mediano y largo plazo. Nos hacen actuar individual y colectivamente como si estos recursos energéticos fueran eternos e infinitos. No debemos olvidar su origen fósil y su disposición limitada. Algún día (no muy lejano), se van a acabar. ¿Y entonces qué haremos? ¿Cuáles son las opciones a disponer? ¿Qué se está previendo para el futuro? ¿Cómo se encara o encararía esta transición? ¿Cuál es el horizonte de tiempo para nuestra realidad? Y un montón de preguntas más, que sin duda se las han pensado, pero que quedan en la postergación de su tratamiento y debate por las urgencias politiqueras que suelen sobreponerse a las cuestiones realmente importantes.

Recordar que en nuestra Constitución en el Título II sobre Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, en su capítulo sexto, sobre Energía, artículos 378 y 379, se refieren a este tema. Pero, por tratarse de soberanía energética, necesariamente alude a proyectos políticos que comprometen las visiones de las comunidades movilizadas, en torno a su generación, distribución y control justos de estas futuras fuentes de energía, como bienes naturales comunes y base de vida para todos.

La sustentabilidad implica soberanía energética, es decir, el derecho de decidir qué fuente de energía explotar, cuánto producir, cómo, por quién y para quiénes. Por otra parte, la soberanía energética cuestiona la falsa oposición entre “lo urbano” y “lo rural”, en términos de impactos socioambientales, afectados actualmente por un modelo energético injusto, que opta por los megaproyectos que desplazan a las poblaciones originarias y socializan los costes para discriminar después con las tarifas de acceso a la energía producida.

La soberanía energética implica la problemática tecnológica y los conocimientos en términos de investigación como política de Estado, para encarar las transiciones energéticas. Reivindica la descentralización y la variedad de fuentes energéticas, con consideraciones ecológicas. Este trabajo previsorio está a cargo de las universidades públicas y debe ser apoyado financieramente, para que las soluciones “salgan de casa” y no desde afuera “llave en mano”.

CIUDAD SUSTENTABLE

GERMÁN C. TÓRREZ MOLINA

Economía

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