Seis meses después del inicio del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, el país parece dispuesto a discutirlo todo: hidrocarburos, minería, litio, tierra, inversión extranjera, arbitraje internacional e incluso una reforma parcial de la Constitución. La agenda es amplia, está todo, menos lo más incómodo: la justicia.

Y, sin embargo, ahí está el punto ciego de la agenda. Porque Bolivia puede aprobar las mejores leyes económicas, atraer financiamiento externo y rediseñar su arquitectura productiva; pero si mantiene intacto un sistema judicial débil, politizado y poco confiable, todo ese esfuerzo será, en el mejor de los casos, frágil. En el peor, inútil.

Cabe recordar que una de las promesas electorales del Presidente Paz fue la creación de “una comisión meritocrática, acompañada de organismos internacionales, para llevar adelante una reforma integral del sistema judicial”, pero esta oferta no se ha visto avanzar.

El gobierno ha convocado a un gran acuerdo nacional para impulsar reformas estructurales orientadas a generar seguridad jurídica y crecimiento. La pregunta que nadie quiere responder con claridad es evidente:........

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