La causa contra Mónica Oltra, acusada en su día de haber encubierto a su marido condenado por abuso sexual de una menor que se hallaba bajo la tutela del órgano del que ella era responsable, ha sido archivada porque el juez no ha encontrado dos años después un sólo indicio de delito. El mismo periódico que pretende que Ayuso dimita por un supuesto fraude fiscal de su novio, se escandaliza de que, ahora que se ha demostrado la inocencia de Oltra, ésta se viera obligada en su día a dimitir. En territorios más neutrales, Carlos Alsina discutía con un líder de Compromís, que lamentaba aquella dimisión y exigía a la vez la de Ayuso. El locutor le aceptaba lo injusto de la situación de Oltra, pero pedía al entrevistado que reconociera que igualmente injusto es pretender la dimisión de Ayuso por algo que presuntamente ha hecho su novio. Naturalmente, el nacionalista se negó alegando que era mucho peor lo de la madrileña.

La polémica nace de la muy difundida creencia de que el político sólo tiene obligación de dimitir por la comisión de un delito. Si lo hace y luego se archiva su causa, como en el caso de Oltra, se considera que ha sido víctima de una injusticia que no hay forma de remediar. Esta manera de razonar es inconsistente. El político que ocupa un cargo no desempeña un trabajo. Ni el que se vea obligado a dimitir implica ninguna clase de despido improcedente. El cargo político es un honor que se ostenta temporalmente y, termine cuando termine y por la razón que sea, quien lo ejerce debe volver a su habitual ocupación de la forma más natural, si es que tiene alguna. Y nada de injusto puede haber en ello, sea cual sea la causa de su cese. Hay millones de personas que han sido despedidas de sus trabajos sin culpa alguna y nadie se rasga las vestiduras. Si verse obligado a dimitir por una sospecha que luego no se concreta es injusto, ¿no lo es más ser destituido sin explicación alguna? La diferencia es que, en el segundo caso, el que destituye busca para el destituido un carguito en el que sestear y seguir viviendo a costa de los contribuyentes. Y es así porque la política española está infestada de incompetentes, incapaces de ganarse la vida con otra cosa que no sea la política. La falta de preparación es general, la ausencia de formación, frecuente y la carencia de capacidad, pavorosa. Efectivamente, para esta gente, tener que dimitir es una tragedia y verse obligado a hacerlo por un a acusación que finalmente no se sustancia es percibido como una injusticia. Y no debiera ser así.

De todas formas, el caso de Oltra no es ése. No debe de ser cierto que no había un sólo indicio cuando el juez ha tenido viva la acusación durante dos años. Pero, aunque efectivamente no existieran y el juez no la hubiera investigado, habría sido igualmente escandaloso que continuara siendo responsable de la protección de las menores sometidas a la tutela de la administración después de haber sido condenado su marido por haber abusado sexualmente de una de ellas. Pase que se le perdonara que esas menores estuvieran tan desprotegidas como para que alguien encontrara la ocasión de abusar de ellas. Pero, si el que abusa es el marido de la que está obligada a protegerlas, la situación se convierte en insostenible, haya o no encubrimiento o cualquier otro delito.