En España vivimos una insufrible doble vara de medir cuando se trata de enfrentarse a la libertad de expresión.

Sílvia Orriols, la Marine Le Pen de Ripoll, la líder de Aliança Catalana que siembra el terror demoscópico en Cataluña —y eso que dicen que las encuestas están suavizadas para prevenir infartos...—, anuncia triunfalmente que la justicia ha anulado la multa de 10.001 euros que el Gobierno catalán —cuando aún lo presidía Pere Aragonès, de ERC— intentó imponerle a raíz de unas declaraciones suyas en un debate en 2022 donde se oponía a la entrada masiva de inmigrantes musulmanes alegando que solo se puede asumir un número limitado de gente que se rige por la sharia y no acata los principios más elementales de la democracia. Orriols vaticinó en su día que si este tema no se gestionaba con "sentido común", proliferarían las violaciones, las ablaciones de clítoris, los matrimonios forzados, etc. La entonces consejera catalana de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, consideró que estas opiniones —manifestadas en un debate televisivo donde también se oyeron opiniones contrarias— constituían un delito de odio merecedor de una sanción que se llegó a estimar en 40.000 euros. Finalmente fueron —o se intentó que fueran— 10.001 euros, pero los tribunales lo han rechazado de plano, por entender que Orriols se limitó a hacer uso de su libertad de expresión, exactamente igual que los otros debatientes —entre ellos, Ramón Cotarelo— que opinaban y defendían todo lo contrario.

¿Suscribe quien esto firma las........

© Libertad Digital