Todo lo que sube baja. En el 2007, durante el gobierno de Zapatero, la comisión mixta de Derechos de las Mujeres concluyó tras meses de estudio que la prostitución no debía regularizarse como trabajo, pues era una explotación sexual ligada al tráfico de personas. La práctica no se perseguiría ni se buscaría abolirla –al entonces ministro Rubalcaba le debió de parecer que a los españoles ya se les había restringido el fumar y el alcohol en conducción como para esperar que dejaran de ir de putas–, pero la trata era, obviamente, un delito tipificado en el Código Penal.

La duda es si lo seguirá siendo. Porque la primera idea que ha lanzado estos días la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para definir el anteproyecto de ley contra la trata que recupera del cajón del anterior mandato es que “no es una ley punitiva”. Según dice, atenderá a la víctima, la protegerá, la reinsertará, le dará papeles independientemente de que colabore en la investigación penal. Pero ¿pretende o no ser además una ley punitiva con los traficantes y los beneficiarios del tráfico? ¿O es que la ministra ha tenido un lapsus freudiano propio de una feminista pro prostitución?

La política parece a veces una mala serie de Netflix condenada a acabar mal. Aunque las nórdicas –y algunas producciones británicas– tienen giros inesperados. Como el que acaba de dar el Servicio Nacional de Salud inglés al determinar, tras una década de transactivismo radical en el país, que los niños ya no recibirán recetas de bloqueadores de la pubertad, no al menos por parte del Estado. Solo se les proporcionarán a jóvenes que participaban en ensayos de investigación clínica.

Inglaterra ha llegado a la conclusión de que no hay evidencia suficiente a largo plazo de lo que les sucede a los menores a quienes se les recetan bloqueadores de la pubertad, algo que ya vieron en Suecia, Noruega y Finlandia. Para ello han sido necesarias una consulta pública, una política provisional y una revisión independiente de los servicios ingleses de identidad de género para menores, un departamento que entre el 2021 y el 2022 atendió 5.000 casos y que ahora cerrará. A ver cuántos niños y niñas tendrán que ser hormonados en España, a golpe de ley, antes de que suene la alarma.