Según la interpretación dominante en el nacionalismo español conservador, lo ocurrido en el otoño del 2017 fue un “golpe de Estado”. De ahí que el caso recalara en el Tribunal Supremo y que se considerara la crisis como “una rebelión”. Para dar verosimilitud a estas acusaciones, los jueces afilaron el ingenio jurídico y descubrieron sutiles formas de violencia donde no había más que protesta pacífica. Como todo resultaba demasiado forzado, acabaron condenando a los líderes independentistas por sedición, un delito que ya no existe como tal en el Código Penal. No obstante, juzgar a los encausados por rebelión trajo grandes ventajas a los poderes del Estado, pues permitió a los tribunales interferir gravemente en los procesos electorales, impidiendo que candidatos electos tomaran posesión de sus escaños.

Para aquellos que defienden la tesis del golpe, en otoño del 2017 se produjo una quiebra de la legalidad constitucional. Quien incumple la ley se enfrenta inevitablemente con la justicia. Se detuvo a los autores del delito, se los juzgó y se los condenó. Exactamente igual que se hace con cualquier otro delincuente. Y ­exactamente igual que se hizo, por ejemplo, con los golpistas del 23-F en 1981.

Esta ha sido la forma hegemónica de entender la crisis catalana en el establishment político, mediático e intelectual de España. Hasta tal punto ha tenido fuerza esta interpretación que arrastró en su........

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