El borrador sobre la ley de Amnistía que, a petición del Senado español, ha preparado la Comisión de Venecia, ha acabado filtrándose a la prensa. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en cuestiones constitucionales. No sé muy bien qué esperaba el Partido Popular recurriendo a esta comisión, pero parece claro que le ha salido el tiro por la culata. El borrador establece que los fines buscados con la amnistía son legítimos; que la amnistía no es incompatible con el Estado de derecho ni con la división de poderes, y que numerosos países, lo contemple o no su Constitución, han realizado amnistías.

Sentado esto, la comisión propone algunas mejoras técnicas de la ley, critica los procedimientos de urgencia que se han seguido, sugiere que en el futuro se apruebe una enmienda constitucional para regular las amnistías y llama la atención sobre el elemento más paradójico de todo el proceso, a saber, que la amnistía sea un instrumento para normalizar la situación política en Catalunya pero, a la vez, produzca una fuerte división en la sociedad española, como si resolviendo un problema creara otro de magnitud equivalente. En este sentido, el informe contiene esta declaración, con la que es difícil estar en desacuerdo: “La comisión anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política”.

¿Quién no firmaría semejante recomendación? Ojalá todas las fuerzas políticas tuvieran la altura de miras necesaria para abordar este asunto no como una disputa partidista y un elemento de erosión del Gobierno, sino como un gran acuerdo en el espíritu inclusivo e integrador de nuestra transición a la democracia.

Ahora bien, si dicho diálogo es imposible porque la oposición de derechas afirma que la amnistía supone el fin de la democracia y del Estado de derecho, y si no hay espíritu de cooperación alguno, pues el PP está dispuesto a utilizar el peor filibusterismo para impedir la aprobación de la ley, y además el Tribunal Supremo va a hacer cuanto esté en su mano para que la ley no se ejecute una vez aprobada, ¿qué debe hacerse? ¿Debe el Gobierno renunciar a la amnistía porque no hay un gran consenso al respecto? Con una derecha menos exaltada podría intentarse una aproximación, pero ¿es realista pensar que, en las actuales circunstancias políticas, quepa invitar al PP a sumarse a un gran pacto en torno a la amnistía?

Convengamos que no se dan las condiciones para un acuerdo amplio. Es un hecho a la vista de todos. ¿Se sigue de aquí que el partido de gobierno, aunque tenga los votos para sacar adelante la ley en el Congreso, no cuenta con la legitimidad democrática necesaria para aprobar una medida de esta naturaleza? ¿Es la división social en torno a la amnistía un motivo suficiente para renunciar a tratar la ­cuestión?

Idealmente, no hay duda de que sería deseable el consenso. No obstante, insisto, si el consenso no es factible en un caso como este, ¿no queda más remedio que meter el proyecto en un cajón y esperar mejores tiempos? Quienes exigen un consenso transversal en esta materia como condición indispensable, en la práctica están dando poder de veto a la posición minoritaria y obstruccionista del Partido Popular y Vox.

Para que se produzca un acuerdo transversal, hace falta que los dos grandes partidos políticos deseen alcanzarlo. Creo que es evidente que las derechas no desean en absoluto acuerdo alguno sobre la cuestión catalana. El acuerdo tendría sentido si las derechas se mostraran abiertas a aprobar la ley a cambio de endurecer sus con­di­ciones, pero el problema estriba en que la idea misma de la amnistía, como antes la de los indultos, les resulta inaceptable.

En un caso como este, el avance debe prevalecer sobre el consenso. No solo porque de lo contrario nos abocamos a tener un país irreformable, sino, sobre todo, porque la historia nos enseña que muchas de las grandes reformas que se han realizado en España desde la muerte de Franco las han sacado adelante las izquierdas en solitario y, con el paso del tiempo, las han ido asumiendo las derechas.

El ejemplo más pertinente es el de los indultos. En su día el PP puso el grito en el cielo, pero durante la campaña gallega, en la extraña reunión entre Alberto Núñez Feijóo y un grupo de periodistas invitados, el presidente del Partido Popular se mostró dispuesto a considerar un indulto a los líderes independentistas una vez hayan sido juzgados. No se extrañen de que si llegan a fructificar las negociaciones sobre el marco territorial y la plurinacionalidad, el PP vuelva a oponerse y argumente que con la amnistía bastaba para resolver la cuestión catalana.

Por supuesto, no es solo el ejemplo de los indultos. Muchos de los grandes avances se han hecho sin consenso, pero han terminado siendo irreversibles porque las derechas los han aceptado a posteriori: las leyes del aborto, la ley de matrimonio homosexual, la reforma del mercado de trabajo, la ley de dependencia…

Más allá de estas reformas importantes, recuérdese que solo la mitad del grupo parlamentario de Alianza Popular votó a favor de la Constitución en 1978. Hoy, sin embargo, el PP blande la Constitución contra todo nuevo avance. Esta apropiación de la Constitución es quizá la prueba definitiva de que el PP acaba entrando en el consenso de los avances, aunque siempre lo haga con retraso y vaya por detrás de la historia.

QOSHE - ¿Avance o consenso? - Ignacio Sánchez-Cuenca
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¿Avance o consenso?

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16.03.2024

El borrador sobre la ley de Amnistía que, a petición del Senado español, ha preparado la Comisión de Venecia, ha acabado filtrándose a la prensa. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en cuestiones constitucionales. No sé muy bien qué esperaba el Partido Popular recurriendo a esta comisión, pero parece claro que le ha salido el tiro por la culata. El borrador establece que los fines buscados con la amnistía son legítimos; que la amnistía no es incompatible con el Estado de derecho ni con la división de poderes, y que numerosos países, lo contemple o no su Constitución, han realizado amnistías.

Sentado esto, la comisión propone algunas mejoras técnicas de la ley, critica los procedimientos de urgencia que se han seguido, sugiere que en el futuro se apruebe una enmienda constitucional para regular las amnistías y llama la atención sobre el elemento más paradójico de todo el proceso, a saber, que la amnistía sea un instrumento para normalizar la situación política en Catalunya pero, a la vez, produzca una fuerte división en la sociedad española, como si resolviendo un problema creara otro de magnitud equivalente. En este sentido, el informe contiene esta declaración, con la que es difícil estar en desacuerdo: “La comisión anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo........

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