Dijimos aquí que tras la investidura de Pedro Sánchez bajaría la inflamación política en la calle contra los pactos que han propiciado la formación del nuevo Gobierno. Y así ha sido. La manifestación de ayer en Madrid reunió a 15.000 personas según los organizadores, y a 6.000 según la Delegación del Gobierno. En el mejor de los casos, una décima parte de las 170.000 personas que se congregaron hace solo quince días, justo antes de la elección de Sánchez. ¿La protesta se desvanece? No. Los manifestantes convocados por la derecha se movilizaron contra la investidura y, una vez realizada, ven el camino del cambio muy largo. ¿Bajará la presión política? En absoluto, pero, de momento, volverá al redil de las instituciones para evitar que se visualicen signos de flaqueza en la calle. Todo a su tiempo. Las campañas electorales en Galicia, el País Vasco y las elecciones europeas requerirán mucho músculo.

Así que hemos pasado del llamado por Enric Juliana Noviembre Nacional de las movilizaciones al Diciembre Vacacional que empieza hoy con el acueducto festivo. Por eso, esta semana casi inhábil no veremos a los jueces vestidos con sus togas reclamando ante las puertas de los juzgados que se renueve el máximo órgano de gobierno judicial (CGPJ), que hoy cumple cinco años caducado. Este asunto inquieta a los organismos europeos desde hace tiempo y aquí no se le da la importancia que merece. Cinco años fuera de la ley es un periodo insoportable para cualquier institución y es una vergüenza si quien incumple es la propia judicatura.

Y mientras tanto, España ha sobrevivido a la investidura y no muestra síntomas de rotura por muchas voces que sigan anunciando el apocalipsis. Es más, ya hay dirigentes territoriales de la derecha, como el presidente de Andalucía, que piden el mismo trato que Catalunya en temas como el traspaso de Cercanías. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado en ofrecer este traspaso a todas las autonomías que lo pidan. Otra cuestión será ver cuántas querrán meterse en ese lío que puede volverse en contra de los gobiernos si no saben ejecutarlo. Así que es posible que no haya cola autonómica para tomar ese café para todos. Y es que una cosa es criticar, y otra, gobernar.