“Dijeron que se había consolidado para siempre la Constitución del 80, creo que es un error sacar esa conclusión”. Así se refirió la expresidenta Bachelet a la consecuencia del plebiscito del domingo pasado; ya no es la Carta del 2005, volvió a ser la del 80 y, a pesar de que los chilenos votaron en dos ocasiones sucesivas en el sentido de mantener su vigencia, con esta frase nos notifica que la cuestión constitucional sigue abierta para la izquierda. Era obvio, así como también es evidente que lo dice la más probable candidata presidencial desde el PC hasta la DC. Que tiene personería para notificarnos, la tiene, nadie podría dudarlo.

Después de estos cuatro años hay algunas cosas que debieran estar fuera de toda duda: el problema que tiene la izquierda con la Constitución vigente nunca fue con su origen, siempre fue con su contenido. Por eso, cuando pudo escribir un texto, hizo el que conocimos, el del “plurichile”, sin Senado, con distintos sistemas de justicia, el que para la misma exgobernante “no era perfecto, pero se acercaba a lo que siempre soñó”.

Y también está claro que lograr una constitución con esa orientación es, para el llamado progresismo, un objetivo intransable, porque el orden social que conocemos, ese que se basa en la democracia representativa con instituciones tradicionales como la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho, para ellos no es más que una coartada que perpetúa las injusticias de clase o del capitalismo heteropatriarcal, como usted prefiera.

Ahora, que está de moda pedir acuerdos, porque -nos decretan con filosófica solemnidad- eso es “lo que quieren los chilenos”, podría ser buena idea pedir un acuerdo básico, simple: que todos se comprometan a respetar escrupulosa y lealmente la Constitución vigente. Eso implicaría renunciar, de buena fe, a impulsar su sustitución por otra con una distinta concepción de la manera de atribuir y ejercer el poder, así como de la naturaleza y ámbito de aplicación de los derechos fundamentales. Pero no, ese acuerdo no se puede pedir, solo los que implican más Estado y más impuestos, que no solo se piden, se exigen.

Nuestro país tiene dos problemas gravísimos: el estancamiento económico y la delincuencia. El Banco Central acaba de ajustar a la baja su proyección del PIB tendencial para los próximos diez años, fijándolo en un escuálido e insuficiente 1,9%. Por otra parte, el crimen organizado crece como mancha de aceite en barrios y comunas de norte a sur, se ha vuelto una realidad tan normal que, en la misma actividad en que la expresidenta nos informó que aquí no se ha consolidado nada, un vicepresidente del PS contó cómo se relaciona con “el narco” para desarrollar sus actividades.

En una década más, esta tasa de incremento de la inseguridad y letargo en la creación de riqueza nos conducirá a la ingobernabilidad y el populismo. Este rumbo hay que cambiarlo ahora y no lo haremos si seguimos en la inestabilidad institucional que la expresidenta nos anuncia y nos propone una vez más.

Por Gonzalo Cordero, abogado

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