Esta semana causó conmoción el secuestro de un exmilitar venezolano que se encontraba en Santiago, luego de huir de su país por su condición de disidente. La sospecha es natural: podemos estar frente a la acción de agentes de inteligencia del régimen de Maduro que, violando nuestra soberanía, actuaron para llevarlo de regreso o, peor aún, para atentar directamente contra su vida en nuestro territorio.

Nuestro gobierno ha dicho básicamente que no descarta ninguna posibilidad y que se trata de un hecho gravísimo. Como toda obviedad, estas declaraciones no aportan nada; no se hacen cargo de la situación ni de sus causas, porque la racionalidad nos ha enseñado que los hechos ocurren siguiendo el principio de la causalidad y no el animismo propio de los que creen en la casualidad.

Estamos frente al enésimo signo material y concreto de que nuestro país está descendiendo por una pendiente brutal de deterioro de su solidez institucional, que se expresa en la pérdida de control del territorio, de su capacidad de imponer el imperio de la ley, de su imagen internacional y de un estancamiento económico que hace imposible abordar los desafíos mayores que nos impone la crisis de inseguridad que estamos viviendo.

Nada de esto emergió por generación espontánea, ni es una suerte de “signo de los tiempos”. A esto llegamos como consecuencia de la acción irresponsable de buena parte de nuestro sistema político que, por su fanatismo ideológico o su populismo cobarde, deterioraron gravemente nuestro estado de derecho y las condiciones que hacían posible la generación de riqueza. Y aquí, en alguna medida y proporción, hay culpas transversales que alcanzan a izquierdas y derechas.

El discurso disociador que cercenó la legitimidad de toda forma de represión por parte de la fuerza pública, que minó la integridad moral de Carabineros, que persiguió de manera groseramente abusiva la responsabilidad política de los encargados del orden y la seguridad pública, con el único fin de desestabilizar el gobierno de Sebastián Piñera, sentaron las bases del país en que estamos hoy. El PC y el Frente Amplio hicieron un verdadero deporte de acusar constitucionalmente a los ministros del Interior, de anunciar la refundación de Carabineros y de perseguir a sus funcionarios con un celo que en algunos casos llegó al nivel de lo grotesco, como la denuncia del centro de torturas en la estación Baquedano del Metro.

Pero los parlamentarios de derecha que dieron sus votos a los retiros de fondos previsionales también son responsables. Ellos no solo se sumaron a una triquiñuela constitucional para burlar la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sino que expusieron al gobernante a la evidencia de no contar con un tercio sólido en ninguna de ambas cámaras.

¿Todo esto, tiene algo que ver con el secuestro? Tiene todo que ver, porque es la crónica del deterioro que nos puso donde estamos: preguntándole a Maduro si ordenó un secuestro en nuestro territorio. Quién sabe, a lo mejor nos responde.

Por Gonzalo Cordero, abogado

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