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Esta columna fue escrita en coautoría con Sofía Arango y Laura Ospina.

En esta campaña electoral, los colombianos han escuchado innumerables promesas de mano dura: más policías, más capturas, penas más severas. Es un discurso familiar. También es, en gran medida, un discurso vacío.

Colombia gasta hoy más de 4 billones de pesos al año en su sistema penitenciario —más del doble que hace diez años—. Tiene 104.481 personas privadas de la libertad en establecimientos con capacidad para 81.139. El hacinamiento supera el 28%. El 18,5% se encontraba en detención preventiva, y casi una cuarta parte de ellos llevaba más de 36 meses sin que ningún juez le hubiera impuesto una condena. La Corte Constitucional lleva más de veinticinco años declarando que el sistema vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Y la tasa de reincidencia criminal no ha mejorado. 

La respuesta de la política criminal colombiana a esta crisis ha sido, año tras año, la misma: penas más largas y menos beneficios jurídicos, sin un aumento equivalente en la certeza del castigo —que es el componente de la disuasión con mayor respaldo empírico. Más cárcel no ha producido más seguridad—.

Lo que casi ningún candidato propone es una reforma seria al sistema carcelario. En un documento temático del Cesed de la Universidad de los Andes, documentamos por qué este silencio tiene un costo alto. Revisamos aquí sus hallazgos principales.

¿Para qué sirve la cárcel? Tres funciones, tres fracasos

¿Qué se le pide al sistema carcelario? La teoría y la evidencia identifican tres funciones que la prisión debe cumplir para reducir el crimen.

La primera es la disuasión: la amenaza de castigo modifica el cálculo de quienes podrían delinquir. La segunda es la incapacitación: mientras una persona está recluida, no debe tener la capacidad de cometer delitos afuera. La tercera es la resocialización: el paso por la prisión puede transformar actitudes, fortalecer habilidades y reducir la probabilidad de reincidir al salir.

El problema es que el sistema colombiano falla en las tres.

Lo que sabemos que funciona y por qué importa la metodología

Durante décadas, la discusión sobre cárceles se basó en correlaciones que no permiten distinguir causas de efectos. Una nueva generación de estudios se enfocó más en la inferencia causal: usando variaciones naturales en las políticas penales —indultos masivos, reformas legales, diferencias entre jueces— eran capaces de responder preguntas contrafactuales: ¿qué habría pasado con estas personas si no........

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