El domingo 5 de febrero de 1956 el encierro era de la ganadería Achury Viejo y la plaza de la Santamaría estaba a reventar. Se decía que el gobierno había mandado a comprar siete mil boletas de la función y se las había dado a policías y soldados afines al régimen. Todo con el fin de evitar una repetición del bochornoso episodio de la semana anterior, cuando la hija del presidente y su marido habían sido forzados a abandonar la plaza agobiados por los abucheos del público.
Esta vez cuando los cánticos empezaron (“¡Lleras sí, Rojas no!”) empezó también la trifulca. Las fuerzas oficiales vestidas de civil que estaban presentes en la plaza ubicaron a los protestantes y los molieron a palo y bala. Fue una “hecatombe”, según lo describieron algunos testigos. El número de muertos pudo llegar a docena y media, los heridos fueron muchos más.
“La Capitana”, años después, dio su versión. “Los viudos del poder” —dijo— enfrentaban al gobierno porque Rojas Pinilla, “había concentrado la totalidad de (la fuerza del Estado) alrededor de los sectores populares, defraudando de esa manera a los grandes negociantes tradicionales y a los detentadores permanentes de los beneficios del poder”. “El espectáculo de los toros —agregó—, (es) propio de la gente de altos recursos económicos, pues se trata de una expresión que concentra muchos costos”, dando a entender que se trató solamente de una “manifestación elitista propia de espectadores solventes”.
(Cualquier similitud con las explicaciones tuiteras que las barras bravas petristas ofrecieron sobre el incidente en Barranquilla es pura coincidencia).
Sin embargo, para los observadores más agudos el episodio de la plaza fue premonitorio: los días de la dictadura estaban contados. En la madrugada del 10 de mayo de 1957, un año y par de meses después de los sucesos de la plaza de toros y después de intentar quedarse en el poder a través de una asamblea constituyente, el general Rojas salió al exilio.
Fast forward 67 años. La familia presidencial sentada en el palco de honor en el estadio Metropolitano de Barranquilla esperando el comienzo del partido Colombia-Brasil cuando las gradas empiezan a corear insistentemente “Fuera Petro”. Ya había ocurrido en un partido anterior, pero ahora el estruendo era mayor y casi unánime. Comprensiblemente la familia presidencial —que incluía a la primera dama y a dos de sus hijos, estando el presidente afuera del país— decide retirarse del estadio.
¿Tendrá Petro sus días contados en el poder? Sí, los tiene. Le quedan exactamente los días que faltan para que llegue el 7 de agosto de 2026, pero él, al igual que el general Rojas parece ignorarlo. La rabia que demostró con el incómodo episodio, el cual, valga decir, es bastante frecuente cuando se mezclan muchedumbres y políticos impopulares (o sus familiares), es digna del gran Burundú-Burundá.
Para rechazarlo el presidente habilidosamente puso el foco en su hija menor de edad —quien salió madreando a la gradería, como se ve claramente en un video—, centrándola como víctima del episodio. Pero los canticos no eran en contra de ella. Eran en contra de su padre, al igual que los cánticos de los asistentes a la corrida de toros en esa tarde bogotana hace más de medio siglo, que no eran en contra de la “Nena”, como le decía Rojas a su hija, sino en contra de la dictadura y a favor de la democracia.
El problema es que el régimen actual empieza a pelar el cobre, como lo hizo Rojas la semana siguiente al incidente de la rechifla taurina, cuando envió a los matones del SIC a partirle la mascadera al que tuviera muchas ganas de ejercer su libertad de expresión.
Casi simultáneamente al incidente en el Metropolitano el senador Iván Cepeda radicó en el congreso un proyecto de ley para declarar como crimen la “obstrucción a la paz”. Cepeda parece estar emergiendo como el Lavrenti Beria del petrismo: a la vez eminencia gris y enforcer de un régimen que se caracteriza más bien por la mediocridad. El proyecto se parece en algo a la “Ley de Responsabilidad Social” promovida por Chávez, que impuso una pena de prisión hasta de treinta meses a quien ofendiera de manera pública o privada al presidente, incluyendo caricaturas y cacerolazos.
Si el senador se sale con la suya cualquier acción u omisión que de cualquier manera se pueda entender como un obstáculo a una negociación de paz en cualquiera de sus etapas, así sea la exploratoria – o sea cuando ni siquiera hay negociación— acarreará una pena de prisión de 10 a 15 años. Por ejemplo, decir, como estoy diciendo aquí, que la llamada “Paz Total” es un esperpento inconveniente para el país y que se deben promover marchas en su contra nos haría a mí —y a usted, apreciado lector, si de alguna manera concurriera con lo dicho— acreedores a una pena carcelaria superior a la que existe por el acceso carnal abusivo a un menor de edad.
Cuando este tipo de iniciativas empiezan a circular es hora de preocuparse. El régimen siente pasos de animal grande. Las encuestas —cada vez peores, salvo las manufacturadas en la Casa de Nariño— y los resultados electorales lo confirman. Al igual que le ocurrió a Rojas cuando negó los consejos de Lucio Pabón Núñez de cesar la persecución en contra de sus críticos, la respuesta del gobierno a la situación será la contraria a la moderación. A estas alturas, parece que lo que importa es vencer, no convencer.
Como ya dijimos, las tuercas se apretarán el año entrante. Sobre todo cuando se ponga en marcha la proto-constituyente elena, de la cual, entre otras, el articulito del senador Cepeda parece ser un preámbulo. Del matoneo consuetudinario en las redes sociales cortesía de la escuela guanumen de comunicación social pasaremos a lo que los marxistas llaman la acción directa.
En este caso será a través de las portentosas facultades de supervisión del Estado colombiano, que tiene la capacidad de arrodillar a cualquier empresa o ciudadano cuando los funcionarios que las blanden creen estar por encima del prevaricato.
Ya sea por la vía de las superintendencias, de la Dian, de las comisiones reguladoras o, simplemente, estrangulando los recursos, demorando giros o congelando tarifas, el gobierno en calidad de enemigo de la empresa privada es mucho el daño que puede causar. El acto administrativo será el mazo con el cual intentarán doblegar a los contradictores.
Quienes sean partícipes de las arbitrariedades deben saber que en la democracia el poder político es por definición efímero. Mientras Colombia siga siendo un estado de derecho —y lo es, por ahora— habrá cortes independientes entusiastas en contener los excesos de un ejecutivo fuera de control. Después, como le tocó al general Rojas, vendrá la rendición final de cuentas en los estrados judiciales y en la urnas. Lo que se verá, cuando esto ocurra, no será nada bonito.
Fuera Petro
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25.11.2023
El domingo 5 de febrero de 1956 el encierro era de la ganadería Achury Viejo y la plaza de la Santamaría estaba a reventar. Se decía que el gobierno había mandado a comprar siete mil boletas de la función y se las había dado a policías y soldados afines al régimen. Todo con el fin de evitar una repetición del bochornoso episodio de la semana anterior, cuando la hija del presidente y su marido habían sido forzados a abandonar la plaza agobiados por los abucheos del público.
Esta vez cuando los cánticos empezaron (“¡Lleras sí, Rojas no!”) empezó también la trifulca. Las fuerzas oficiales vestidas de civil que estaban presentes en la plaza ubicaron a los protestantes y los molieron a palo y bala. Fue una “hecatombe”, según lo describieron algunos testigos. El número de muertos pudo llegar a docena y media, los heridos fueron muchos más.
“La Capitana”, años después, dio su versión. “Los viudos del poder” —dijo— enfrentaban al gobierno porque Rojas Pinilla, “había concentrado la totalidad de (la fuerza del Estado) alrededor de los sectores populares, defraudando de esa manera a los grandes negociantes tradicionales y a los detentadores permanentes de los beneficios del poder”. “El espectáculo de los toros —agregó—, (es) propio de la gente de altos recursos económicos, pues se trata de una expresión que concentra muchos costos”, dando a entender que se trató solamente de una “manifestación elitista propia de espectadores solventes”.
(Cualquier similitud con las explicaciones tuiteras que las barras bravas petristas ofrecieron sobre el incidente en Barranquilla es pura coincidencia).
Sin embargo, para los observadores más agudos el episodio de la plaza fue........
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