Una más de las consecuencias nefastas de estos años de deterioro de la calidad de nuestra representación política es una sensación insidiosa de impotencia. Salvo la exitosa defenestración del gobierno de Merino, gracias a una importante movilización ciudadana, de ahí en adelante todo ha sido cuesta abajo. Los 50 asesinados durante la última gran protesta, a fines del año 2022 e inicios del 2023, y la subsecuente impunidad para los perpetradores —hoy elevada al rango de leyes procrimen— sin duda contribuyeron decisivamente a consolidar esa percepción de temor y desesperanza aprendida.

Esto favorece, sobra decirlo, a quienes están convirtiendo al Perú en un país gobernado por mafias, tanto ilegales como legales, por así decirlo. Todos los avances que habíamos logrado como comunidad nacional han sido progresivamente desmantelados, fomentando un entorno en donde retornan las universidades estafa, la minería ilegal, prolifera el narcotráfico y los extorsionadores que siguen asesinando conductores y cobradores de transporte público que no paguen sus cupos. Añádase el gasto público que se han atribuido los congresistas, generando un despilfarro descomunal del dinero de todos en beneficio de esos indignos representantes.

Cierto, estamos en un compás de espera, durante el cual la flamante presidenta deberá anunciar su gabinete y, el 28 de julio, las medidas que tomará para........

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