En los últimos años se ha naturalizado el incumplimiento y la violación de la Constitución, a vista de quienes dicen ser alguaciles de la democracia y defensores de las libertades. La consecuencia más reciente fue un gobierno de facto e ilegítimo, en 2019, que se autoproclamó y se consideró constitucional, a sabiendas de que no fue así.

Sin embargo, la llegada al poder de Jeanine Áñez tuvo antecedentes preocupantes que confluyeron en un desorden de la democracia y la ruptura constitucional que no terminan de ser resueltos: el papel antidemocrático del otrora líder cívico y ahora gobernador Luis Fernando Camacho, la desobediencia al orden constituido de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, la sutil validación del régimen por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la homologación discursiva de ciertos cuadros políticos, como Carlos Mesa, que dijo que la de la otrora senadora de minorías fue una “sucesión impecable”.

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