Un país avanza como estado moderno cuando se dota de un funcionariado profesional, estructurado y estable. El político pasa, el funcionario permanece, lo que hace que, en muy buena medida, el estado funcione. Esto no se logra de la noche a la mañana y suele ser el fruto de una larga evolución. En España se inició en 1852, con el decreto de Bravo Murillo, que ya presentaba el germen de eso que llamamos función pública moderna: mérito y capacidad en la selección, ascenso por antigüedad. Aun así hubo mucho que avanzar, los años posteriores fueron consolidando la creación de cuerpos y un valor como es la inamovilidad frente a las castizas cesantías así como el alejamiento del funcionariado del no menos castizo cacique.

Como todo esto es una evolución, la historia de nuestra función pública presenta luces y sombras, definición e indefiniciones, avances y retrocesos, pero eso es otro cantar y no tengo palabras para describirlo (tenerlas, las tengo, lo que no tengo es espacio). Baste pensar en actuales deterioros varios, por ejemplo, cómo la profesionalización o la estabilidad se desdibujan a base de inflar la población funcionarial con interinos; o la proliferación de contratados laborales o el incremento desmedido de «empleados públicos» en demérito de los funcionarios realmente........

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