pobreza / Juan Carlos Castro

La pobreza es quizás la mayor crueldad. A los que nunca han sido pobres, realmente pobres, les cuesta imaginar las tripas abiertas de la pobreza, su dolor omnipresente e interminable. Ser pobre ocupa todo el tiempo y lo ocupa minuciosamente. Más de 91.000 niños sufren las consecuencias de la pobreza en Canarias. En las Islas unas 700.000 personas se encuentran en riego de pobreza o exclusión social (31% de la población) y unos 225.000 isleños está instalado en la pobreza severa. No es un endemismo canario. En España son unos 12,5 millones de personas (el 26% de la población global) los que viven por debajo del umbral de la pobreza, aunque la pobreza infantil sea porcentualmente inferior a la canaria. Nuestra pobreza, en definitiva, es estructural y evidencia un ascensor social definitivamente averiado. Y eso a pesar de que en la mejora del empleo y de los ingresos turísticos en los últimos años ha mejorado la situación social, con el complemento de ayudas como la Renta Canaria y el Ingreso Mínimo Vital. Pero los límites benéficos de ambas situaciones -prosperidad económica y ayudas sociales- han evidenciado ya sus límites. Nada impide suponer razonablemente que en caso de crisis económica -derivada de una crisis energética incontenible- la mejora se disiparía y se dispararían los índices de pobreza y exclusión social. La nuestra es una prosperidad siempre delicada, frágil, ligeramente impostada. Y es difícil trasmitir que una sociedad tan agusanadamente desigual como la canaria no puede crecer sólidamente, no puede diversificar sus fuentes de riqueza y ocupación, no puede crear empresas expansivas, no puede reducir el desempleo a menos del 5% de la población activa, si no reduce la concentración de la riqueza ni la extensión escandalosa de la pobreza. La fortaleza y estabilidad de nuestro crecimiento económico y la viabilidad de un país sostenible no depende de nuestra condición ultraperiférica, no depende de nuestro sistema fiscal, no depende de las transferencias presupuestarias: depende de que esos tres instrumentos, entre otros, se pongan al servicio de reformas para reducir sustancialmente la desigualdad. Hace ya mucho que sabemos que la desigualdad no es una forma de mala suerte sino, como recuerda Piketty, un modelo de crecimiento que se construye política y socialmente y cuya legitimación ideológica es abrumadora e incesante.

No creo que se le pueda pedir a un servidor una estrategia contra la pobreza y la desigualdad que ningún gobierno autonómico ha definido y menos aún financiado. Uno sospecha que no quieren meterse en ese berenjenal. Pero existen experiencias que podrían ser útiles. Y todas se dirigen hacia dos objetivos; dejar dinero en manos de las familias y empresas y fomentar la responsabilidad pública. Ejemplo de lo primero podrían ser los créditos tributarios y ejemplo de los segundos exigir a cambio de ayudas como el ingreso mínimo vital una compensación en trabajo social -realizas trabajo comunitario durante tres horas diarias- o en un compromiso con cumplir con una formación ocupacional que pueda abrirte oportunidades de empleo en el futuro. La educación infantil pública de cero a tres años -que inició el anterior gobierno regional y continúa el actual- es también una política contra la desigualdad. Con menos de 800 millones de euros anuales se pueden entregar directamente 120 euros mensuales a las 115.000 familias que en el Archipiélago ingresan menos que el salario mínimo interprofesional. Las cargas tributarias excesivas y las disparatadas demandas burocráticas a autónomos y pymes deberían reducirse más. Y unas administraciones públicas más ágiles, más profesionalizadas, más eficientes y eficaces son garantía a medio plazo de un descenso de la desigualdad social, un mayor dinamismo económico y un aumento de las oportunidades.

Así no se puede seguir. La pobreza -fruto del imperio de la desigualdad- es la mayor crueldad, pero en términos políticos y sociales es la mayor estupidez y una amenaza aplastante sobre nuestro futuro.

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