En uno de sus libros, José Manuel Novas, abogado del Estado, vigués, que fue ministro de la Presidencia con Adolfo Suárez, escribe que “expertos” norteamericanos habían recomendado redactar para España una Constitución que garantizase la “mayor descentralización posible”. Corría entonces el año 1978 y en las comunidades autónomas no se adivinaba la función importantísima que iban a cumplir en el futuro. De hecho, ni siquiera se las mencionaba en el texto que se negoció en los reservados de los restaurantes madrileños recomendados en la Guía Michelin.
Cualquier persona medianamente informada sabe que las grandes potencias prefieren ver en los gobiernos de las naciones sometidas a sus intereses que haya una mayoría de políticos dóciles. (Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, del prestigioso jurista internacional Joan Garcés). Recuerdo ahora la sorpresa que me causó ver al frente de una manifestación al secretario de la federación provincial del PSOE sosteniendo una enorme pancarta en la que podía leerse: Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía. Como era un buen amigo le pregunté si el lema pintado en la sábana era de autoría regional o nacional. Se rio y me dijo: “La consigna vino de Madrid. ¿A quién le interesa por aquí la autonomía y los dialectos locales?”. Estábamos en el inicio del proceso de vaciamiento de las competencias estatales en beneficio de las recién llegadas.
Los representantes de las nuevas burocracias políticas (preautonomías se les llamaba) empezaron a ocupar espacio en las instituciones. Tímidamente, al principio. De despachito en despachito y de funcionario en funcionario, después. El trasiego de personal sin tarea y sin control dio pie a que se produjeran casos curiosos, como el de Juan Guerra, el hermano del entonces poderoso número dos socialista que llegó a tener un despacho para recibir visitas. Los primeros en beneficiarse del nuevo sistema fueron los catalanes, los vascos y los navarros, que invocaron privilegios históricos que datan de tiempos reaccionarios y, por supuesto, nada democráticos. Aunque cueste creerlo, esa etapa histórica abundante también en asesinatos, secuestros, torturas, violaciones, cárceles del pueblo y crímenes de los llamados “de Estado” (es decir, de los cometidos, o instigados, por funcionarios públicos) se ha consolidado y aspira al martirologio.
Hacer inventario de todas las tonterías que tuvimos que escuchar es una tarea imposible. Lo penúltimo en cartelera fue la película cómica Puigdemont en Tarascón, donde se narran las aventuras del heroico periodista gerundense contra los pérfidos españoles. En el último capítulo del serial podemos admirar su arrojo al proclamar la independencia de Cataluña por treinta segundos, que es el récord mundial de la categoría. Y aun está por homologar el récord de inmersión en maletero de automóvil. La necesidad de Pedro Sánchez para asegurar los siete votos de la investidura que le faltaban para regresar a la Moncloa le hizo, de rebote, imprescindible. Tanto que hasta el último minuto estuvo jugando con la posibilidad de negárselos. Sadismo se llama esa figura. Y menos mal que el Ejército no figuraba entre las entidades transferibles a las comunidades autónomas. Con lo que ya estaríamos a punto de reproducir un drama como el de Yugoslavia, que es lo que teme Feijóo.
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