El pasado 19 de abril, en las carreteras de la Sierra Tarahumara, específicamente en el municipio de Morelos, Chihuahua, un vehículo que regresaba de un operativo antidrogas aparentemente se precipitó por un barranco y explotó. Cuatro personas perdieron la vida, dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos estadunidenses adscritos a la embajada de Estados Unidos. 

Hasta ese momento, las autoridades locales hablaron de un “accidente vial” durante una misión de destrucción de laboratorios clandestinos de metanfetaminas; incluso el fiscal estatal, César Jáuregui, minimizó la participación extranjera, describiendo a los estadunidenses como “instructores” que sólo capacitaban al personal local. Pero la realidad, revelada por The Washington Post, The New York Times y otras fuentes estadunidenses es mucho más grave, ya que los dos fallecidos supuestamente eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) operando en territorio mexicano como parte de un rol ampliado en la lucha contra el narcoterrorismo. 

Hasta este momento, no hay indicios públicos de un ataque directo del crimen organizado, aunque la opacidad imperante impide descartar cualquier hipótesis; lo que sí es innegable es que este hecho expone fallas estructurales en las políticas de seguridad nacional mexicana y, además de ello, lo que resulta........

© La Jornada