En los últimos tiempos, el lenguaje del bienestar emocional ha colonizado el espacio público. Ansiedad, estrés, burnout y resiliencia se han convertido en claves interpretativas de casi todo: marginación, precariedad laboral, violencia cotidiana, contaminación, la carestía de la vivienda, el transporte inseguro o la disputa política. Nadie sensato niega la urgencia de atender la salud mental; es un derecho y una necesidad. 

El problema aparece cuando las demandas políticas y sociales se presentan y se atienden casi exclusivamente en ese registro. Ahí se abren situaciones que despolitizan, fragmentan y mercantilizan el malestar, mientras se dejan intactas las estructuras y condiciones que lo producen. 

Un ejemplo de esto se ha dado en la UNAM, tras los hechos violentos en el CCH Sur y los conflictos en las escuelas y facultades. El estudiantado ha exigido atención a la salud emocional junto con demandas muy concretas de seguridad, apoyos materiales y democratización de la vida universitaria. Ante esto las autoridades han buscado circunscribir la discusión a la salud mental y esta estrategia se ha convertido en protocolo institucional para abordar conflictos internos, desplazando la atención de otras demandas políticas de fondo. 

Cuando los conflictos se explican ante todo como consecuencias del “malestar psicológico” y se atienden con pausas activas, talleres de........

© La Jornada