El primer ministro de Bélgica ha aprendido por las malas que no hace falta ser un populista demagógico para incurrir en la ira de la Unión Europea (UE). Hasta hace poco, el conservador moderado Bart De Wever había permanecido en gran medida al margen del foco de atención europeo. Esto le resultaba relativamente fácil, dado que su partido pertenece al grupo de derecha Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo, que se ha alineado firmemente con la Comisión de Ursula von der Leyen en lo relativo a Ucrania. Sin embargo, en cuestión de meses se ha convertido en el enemigo público número uno de la clase dirigente de Bruselas.

¿Su delito? Oponerse al plan de Bruselas de confiscar los activos rusos congelados en Europa. La inmensa mayoría de ellos están depositados en Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas que se encuentra en el centro de la liquidación global de valores. Para el grupo de presión belicista de Europa, liderado por Francia y Alemania, la confiscación se presentaba como la única forma de seguir financiando el esfuerzo bélico de Ucrania o, en su defecto, de obligar a los Estados miembros a asumir colectivamente la carga mediante otros medios cada vez más extraordinarios.

Sin embargo, Bélgica tenía razones de peso para resistirse. Confiscar --o expropiar funcionalmente-- los activos del banco central ruso violaría uno de los principios más sacrosantos de las finanzas internacionales: la neutralidad y la inviolabilidad de las reservas soberanas. Incumplir ese principio no solo sentaría un peligroso precedente, sino que también expondría a Bélgica a consecuencias legales, financieras y geopolíticas potencialmente graves, ya que Euroclear tiene allí su sede.

Tal como ha advertido Robert Volterra, uno de los abogados internacionales más respetados de Londres, confiscar los activos rusos sería «absolutamente ilegal» y perseguiría como una obsesión a la UE durante generaciones. Las consecuencias legales podrían ser enormes. Rusia tenía múltiples vías para impugnar la medida y había comenzado a explorarlas, presentando ya una demanda en Moscú contra Euroclear.

A partir de ahí, Rusia podría iniciar un litigio en los tribunales belgas que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Los jueces belgas se verían obligados a determinar si se habrían violado los derechos de propiedad rusos en virtud de la legislación nacional y si se habría infringido el principio de inmunidad soberana. En ambos casos, los argumentos de Rusia serían sólidos. Si Rusia ganara, sería responsable la propia Euroclear. Dadas las sumas en juego, la cámara de compensación se vería casi con toda seguridad abocada a la insolvencia, lo que activaría los mecanismos de garantía de depósitos a escala nacional y de la UE.

En tal caso, Euroclear se vería obligada a demandar al Estado belga, el cual habría ordenado la expropiación efectiva de los activos de los clientes. Las perspectivas de una demanda de este tipo no serían nada desdeñables. Más allá de Bélgica, Rusia también podría presentar demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia y múltiples foros de arbitraje internacional. Aun dejando de........

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