A principios de marzo conocíamos que la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, compró en 2019 un chalet con piscina comunitaria. En plena crisis de vivienda, la edil del PP y exconcejala de Cultura recibió, como por arte de magia, esta vivienda sin que se realizara ningún sorteo, como marca la legislación. 

Lo más escandaloso es que mientras en la lista de espera para poder acceder a una vivienda de protección oficial se encontraban 1949 personas, la edil, junto con otras 46 personas pudieron optar a comprar una vivienda  de VPO sin pasar por un sorteo, siendo seleccionados únicamente por la inmobiliaria que los vendía. Esto no trata solo de posibles adjudicaciones irregulares, que también, sino de una crisis de vivienda que se agudiza día tras día.

¿Cómo podemos permitir que el Ayuntamiento de Palencia realice la venta de terrenos como el de estas viviendas (vendido en 2019 por el propio ayuntamiento) en lugar de construir vivienda pública asequible? Esta es la pregunta que miles de jóvenes y trabajadores nos hacemos en la provincia de Palencia y en el resto del Estado español. Esto es lo que ocurre cuando un derecho básico como la vivienda se convierte en un negocio muy lucrativo para una panda de especuladores sin escrúpulos.

Mientras inmobiliarias, fondos buitre y grandes tenedores se lucran con las viviendas de protección oficial, especulan con el precio de los alquileres y ahogan hasta niveles indescriptibles a la clase trabajadora y a la juventud. Si es de la mano de los especuladores, cualquier tipo de medida sobre la situación de la vivienda es sencillamente un espejismo. Ellos solo buscan aumentar sus beneficios.

Mirando este caso, debemos poner también los ojos en el Gobierno central, en ese Ministerio de Vivienda que cada vez que anuncia medidas parece que se ríe de los trabajadores y de los jóvenes precarios. Las medidas que han tomado son absolutamente insuficientes y no han evitado que los precios de la vivienda sigan subiendo. Es normal, las medidas que han tomado han sido dar ayudas a los que no especulen con la vivienda, reducciones de impuestos para los que no suban mucho el precio del alquiler. Son medidas que siguen beneficiando a los de siempre. 

Lo que realmente hace falta para frenar el coste astronómico de los alquileres es poner toda la vivienda propiedad del Estado a disposición de los trabajadores a precios asequibles, objetivo muy alejado de las pretensiones del Gobierno. Pero mientras esto dependa de la mediación de grandes constructoras, bancos y fondos de inversión este plan solo puede acabar en precios impagables, desahucios y pesadilla.

Ahí dónde sea necesaria, la vivienda pública debe ser construida por una empresa pública de construcción, que garantice unas condiciones dignas de trabajo y precios que no superen el 10% de nuestros ingresos, así como los suministros. Así mismo, para liberarnos de la especulación inmobiliaria, tienen que ser agencias públicas las que gestionen el alquiler social de vivienda, garantizando en todo momento un proceso transparente, participativo y controlado por las usuarias y usuarios de esa vivienda pública. ¡Esa sí es la política que necesitamos!

Por esto, desde el Sindicato de Estudiantes lo decimos claro: es el momento de expropiar a fondos buitre y grandes tenedores que en el estado español mantienen más de 3,8 millones de viviendas vacías, y de regular por ley el precio de los alquileres. ¡Es indignante que las familias de clase trabajadora tengan que pelearse por apartamentos de 15 m² mientras rentistas y fondos buitre convierten un derecho en un privilegio!

¡La vivienda es un derecho, no un negocio!

¡Expropiación a fondos buitre y grandes tenedores YA!

12 Marzo 2026 | Sindicato de Estudiantes Palencia

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