Hay una pregunta que los gobiernos, las empresas tecnológicas y los organismos

internacionales llevan meses esquivando con elegancia quirúrgica: ¿quién decide cómo

se distribuyen los beneficios de la inteligencia artificial?

La respuesta honesta es incómoda: nadie. O más precisamente — el mercado, que es la forma polite de decir nadie.

No existe hoy sujeto político alguno que esté tomando esa decisión de manera colectiva,

deliberada y democrática. No hay una asamblea, no hay un tratado vinculante, no hay

siquiera un consenso mínimo sobre qué se está distribuyendo y entre quiénes. Lo que

hay es una carrera entre cuatro o cinco empresas privadas estadounidenses y dos o tres

chinas, con los demás países del mundo en el rol que les toca históricamente: espectadores que pagan la entrada.

Mientras tanto, los gobiernos reaccionan. Siempre tarde, siempre detrás del hecho consumado. La Unión Europea aprobó su AI Act con la solemnidad de quien cierra la puerta del establo cuando el caballo ya está en otro continente. América Latina, por su parte, debate marcos regulatorios que se volverán obsoletos antes de ser implementados, en países donde la mitad de la población no tiene acceso estable a internet.

Y la ciudadanía — esa entidad abstracta que supuestamente legitima todo esto — ni siquiera tiene el vocabulario para participar del debate. No porque sea ignorante, sino porque nadie se tomó el trabajo de construir ese vocabulario en común. Se habla de "modelos", "tokens", "alineación", "AGI", como si fueran términos técnicos neutros y no decisiones políticas disfrazadas de ingeniería.

El reparto ya ocurrió

Conviene detenerse aquí, porque hay una ilusión reconfortante que vale la pena desmantelar: la idea de que todavía estamos a tiempo. Que la IA es una tecnología emergente, que el debate está abierto, que las........

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