Colas de inmigrantes en la oficina de atención al ciudadano de Elche, el pasado lunes / Áxel Álvarez

El 16 de abril entró en vigor Real Decreto para la Regularización Extraordinaria de Extranjeros que finalizará el próximo 30 de junio de este año, lo que va a facilitar que miles de personas extranjeras que viven en nuestro país en una situación administrativa irregular tengan la posibilidad de conseguir el acceso a un derecho fundamental como es el de residir y trabajar de forma legal en el sitio en el que viven por un periodo de un año.

Para explicarme de una manera más sencilla, este proceso supondrá que una persona extranjera pasará de vivir "en la sombra" a ser reconocida oficialmente por el Estado con plenos derechos y obligaciones y, subrayo la palabra "obligaciones", por si alguien ponía en duda de que la regularización no solo otorga beneficios, sino que también compromete a las personas migrantes a integrarse en el engranaje del país, contribuyendo económicamente, comenzando a pagar impuestos y a cotizar para su futura jubilación y facilitando su integración social, ya que poder trabajar de forma legal favorece tareas cotidianas como alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria, etc. sin depender de ninguna ayuda pública. Sin embargo, parece ser que este tema ha causado bastante revuelo entre algunos sectores políticos, sociales y mediáticos… ¿Por qué?

Parece paradójico que en una sociedad democrática tengamos que estar debatiendo si este proceso es legítimo o no, ya que deberíamos tener más que superado el debate sobre si una persona debe tener acceso a los derechos más fundamentales que existen para garantizar una vida digna independientemente de cuál sea su origen: trabajo legal, acceso a la sanidad y a la educación y el derecho a la movilidad y a la reagrupación de sus familiares, porque a esto es a lo único a lo que responde este mecanismo excepcional articulado por el gobierno y, por cierto, no........

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