Ilustración de empresario en una cornisa.

Acabamos de cerrar el mes de abril con dos hitos empresariales dignos de recordar. CEV Alicante y el instituto Ineca han logrado, tras años de insistencia y reivindicaciones, sentar en la mesa a la Delegación del Gobierno y a la Conselleria de Infraestructuras, para que las dos grandes administración -Gobierno de España y Generalitat Valenciana - rindan cuenta de la penosa inversión que realizan en la provincia de Alicante. El paso, reflejado en este diario, ha venido a evidenciar que al empresariado alicantino le cuesta históricamente celebrar los triunfos colectivos y, por lo tanto, hacer ver que el dinero público no es una suerte de ministros, sino una cuestión seria y que merece la atención más allá de la reivindicación.

Esa distancia es equidistante hacia lo positivo y lo negativo. Dicen que tenemos más de fenicios que de romanos, pero en el siglo XXI y, por muchos motivos, cuesta aún imaginar al empresariado alicantino lejos de esa cornisa en la que se instalaron para sobrevivir o para disfrutar de la brisa, simplemente.

Y es en este punto, donde se encuentra muchos de los emprearios y empresarias ante las inauditas noticias que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, protagoniza con más habitualidad de la que se alcanza a recordar.

Las entidades camerales no son asociaciones, ni instituciones. Son una mezcla de ambas con sus particularidades que se podrían resumir en que están gestionadas por empresarios (sector privado), pero tuteladas por el gobierno autonómico de cada territorio. La ley, aunque aburrida de leer, lo deja claro y por este motivo, responden ante la Generalitat de sus cuentas, de sus compras de bienes, de su gestión, de la transparencia,........

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