Construcción en la avenida de el Moralet de las 117 viviendas públicas. / INFORMACIÓN

Hay una contradicción que ningún político parece tener prisa por resolver. La repiten en cada mitin, la imprimen en cada programa electoral y la convierten en promesa de cabecera cada cuatro años: la vivienda es un derecho. Pero cuando ese derecho aterriza en la vida real —cuando toma cuerpo en una notaría de Alicante un martes de abril— resulta que tiene precio. Y ese precio lo paga, con una puntualidad que ya quisiera Hacienda para otras cosas, exactamente quien menos se lo puede permitir.

Conozcamos a esta pareja. 37 años. Empezaron a trabajar con 22. Han hecho todo lo que se supone que hay que hacer: estudiar, trabajar, no gastar más de lo que ingresaban y ahorrar sin excusas desde el primer sueldo. Cobran lo que cobra la mayoría de este país: 15.574 euros brutos al año cada uno, el salario más frecuente en España según el INE. Entre los dos, 2.080 euros netos al mes. Han ahorrado el 10 % religiosamente durante 15 años. 208 euros al mes. Ni uno menos, ni un mes de excepción. El resultado: 37.440 euros. 15 años de renuncia convertidos en números en una libreta.

Han encontrado un piso. Segunda mano, 220.000 euros, precio absolutamente normal en el mercado alicantino de 2026, donde el metro cuadrado acaba de marcar su enésimo........

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