El 15 de enero el CIS hizo públicos los resultados de una encuesta acerca de las percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres. De esos resultados se ha destacado uno: un 44% de los hombres asegura que «se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres».

No voy a discutir que la carga de los trabajos en el propio domicilio discrimina a las mujeres o que ellas dedican más tiempo que los hombres a los cuidados familiares, pero sí me creo (como ese 44,1% de los encuestados y el 32,5% de las encuestadas) que hoy la legislación vigente, creada e impulsada por el nuevo feminismo, discrimina a los hombres, muchas veces en contra de lo que ordena la Constitución.

La cosa comenzó durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando el nuevo feminismo que creció y se expresó bajo el manto protector del zapaterismo, mostró sus dos caras: radicalismo anti masculino y 'lobbysmo', y ambas convivieron dentro del zapaterismo con éxito notable. Desde entonces, la presión contra los varones no ha hecho sino dispararse.

Me atreveré a abordar (y digo atreveré por ser un asunto de esos que están en el meollo de lo políticamente correcto) la primera ley impulsada por el Gobierno de ZP: la Ley integral contra la violencia de género, a la cual siguieron la Ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la ley del aborto.

La Ley contra la violencia de género endureció las penas en el Código Penal (lo que era una falta pasó a ser delito), pero se excedió, y desde entonces el artículo 153.1 del Código Penal prescribe penas distintas según que el delito lo cometa un hombre o lo cometa una mujer.

Esta innovación del Código Penal fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por una jueza de Murcia (Juzgado de lo Penal número 4) y el TC hizo pública una sentencia (14 de mayo de 2008) de la que fue ponente Pascual Sala. Dicha sentencia desestimó el recurso porque el «autor (del delito) inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa».

En otras palabras: la sentencia da por hecho que existe «una pauta cultural» que afecta, lo quieran ellos o no, a todos los varones. Vamos, que los varones, por serlo, pertenecen a un grupo opresor, que es lo que las feministas radicales querían demostrar y Pascual Sala les dio la razón.

Comenta Reporta un error