Desde el año 2001, cuando Alejandro Toledo asumió la presidencia, el Perú permanece sometido a una silenciosa —pero sistemática— captura presupuestal por parte de un conglomerado de ONG politizadas que operan como cartel político-ideológico incrustado en el aparato estatal, financiado con recursos públicos so pretexto de una presunta cooperación en temas de “derechos humanos”. Esta estructura, consolidada durante los sucesivos gobiernos socialistas —que administraron el país desde Ollanta Humala hasta José Luis Balcázar—, ha drenado miles de millones de soles que debieron destinarse a infraestructura, seguridad, salud y educación. La evidencia es contundente. Mientras el Estado peruano enfrenta carencias estructurales en carreteras, hospitales y escuelas, las ONG han logrado asegurarse presupuestos crecientes año tras año mediante convenios, consultorías, asesorías, estudios, asistencia técnica y proyectos que jamás producen resultados verificables. No........

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