En los últimos años, las entidades públicas han recurrido cada vez más al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) no solo para construir infraestructura, sino para algo más inmediato: comprar patrulleros y motos para seguridad ciudadana, ambulancias para hospitales y postas médicas, camiones recolectores para limpieza pública, etc. El mecanismo funcionaba y generaba beneficio reputacional inmediato; pocas cosas son tan visibles como un patrullero nuevo circulando, pero esta modalidad arrastraba diversos problemas poco conocidos fuera del círculo de especialistas; por ejemplo, nadie tenía claro cómo “recibir” formalmente un vehículo bajo reglas que fueron diseñadas, desde el inicio, para obras de construcción. El resultado, en la práctica, era previsible. Los funcionarios públicos, acostumbrados a recibir edificios y carreteras con sus respectivos avances de obra, exigían valorizaciones mensuales para vehículos que se entregaban en un solo momento y sin avance progresivo que valorizar. No sabían con certeza si debían esperar a que la unidad contara con placa, SOAT e inmatriculación antes de firmar la conformidad, o si podían hacerlo antes y dejar esos trámites pendientes. Mientras estas dudas no se resolvían, la empresa privada quedaba con la inversión ya hecha pero sin el certificado en mano, es decir, sin poder aplicar ese monto contra sus obligaciones tributarias. Las entidades públicas terminaban inventando su propia solución administrativa, coordinando caso por........

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