El 11 de enero, Jerome Powell abrió un sobre que, desde el primer momento, dejó claro que no contenía solo un asunto personal ni institucional, sino una señal para la economía mundial. El motivo era de una gravedad inusual: había sido citado por un gran jurado federal y se enfrentaba a la amenaza de una posible imputación penal por su testimonio ante el Senado sobre la reforma de la sede de la Fed.

Puesto en perspectiva, este episodio no es un hecho aislado, sino el último paso en la ofensiva de la administración Trump contra la independencia del banco central. Y resulta especialmente significativo porque no era necesario: el mandato de Powell como presidente de la Fed termina en mayo de 2026.

La vía penal, por tanto, parece menos orientada a forzar un relevo inmediato que a sentar un precedente institucional, dejando claro que la resistencia dentro del banco central puede tener costes personales.

El mercado lo leyó así. El oro tocó récord en torno a 4.600 dólares la onza, el dólar se debilitó y los futuros bursátiles estadounidenses cedieron tras conocerse la investigación.

En el corto plazo, el impacto empieza en Wall Street, pero no se queda allí. La razón es muy concreta: el Treasury es el "suelo" sobre el que se construyen hipotecas, crédito corporativo y valoraciones de activos. Y ese suelo es enorme: el mercado de deuda del Tesoro ronda los 30 billones de dólares en circulación.

Cuando el inversor huele interferencia, pide prima. Y una prima de apenas unas décimas sobre un stock tan grande no es un detalle técnico: son decenas -o cientos- de miles de millones al año en mayor coste financiero, repartidos entre Estado, empresas y hogares. Ese es el puente entre Wall Street y Main Street.

Aquí aparece la paradoja. La Casa Blanca aprieta para tener una Fed más "amiga" y, con ella,........

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