23 de marzo 2026 - 03:08

Felipe VI es Rey por actuación de las disposiciones sucesorias de la Constitución, tras la abdicación de Juan Carlos I. Su legitimidad de origen reside así en la decisión de que la monarquía parlamentaria sea nuestra forma política y no es reconducible de forma inmediata al principio democrático. Es Rey por el tributo que el constituyente rindió a la historia. Historia en tiempo de Constitución, que diría el gran Pipo Clavero. Esta simple explicación, no obstante, elude intangibles sobre los que también descansa la veracidad de una magistratura por definición carnal y condicionada por la fortuna de la genética y ese otro azar que es el matrimonio. La credibilidad de la Corona tampoco tolera la deshonestidad pública de su titular y de ahí que, como vimos, la abdicación pueda convertirse en un mecanismo de rendición de cuentas que proteja la continuidad de la institución. Pero la singularidad de la Corona como órgano no sólo se encuentra en esa legitimidad de origen, también reside en su legitimidad de ejercicio. El Rey no es un cargo electo y su ejecutoria no tiene como eje la acción política. Al contrario, su valor constitucional reside en una neutralidad funcional que se expresa al margen de la contienda partidista. Aunque la pura teoría también aquí es insuficiente. En nuestra actual experiencia constitucional hay una cultura de fondo que asume que el Rey se legitima por su acción. El 23F está en el origen de esta tendencia y el discurso de Felipe VI, el 3 de octubre, significó su reválida. El Rey neutral pero no neutralizado fue la expresión académica acuñada para definir esta comprensión de la jefatura del Estado, desde la que el monarca puede ser actor ocasional de una política constitucional. El problema es que no es fácil acotar cuál es el ámbito de acción legítimo de ese Rey no neutralizado y la tentación de hacerlo los demás, juzgando o reclamando actos, a beneficio de nuestro propio inventario político es evidente. En cualquier caso, para quienes son en España franquicia ideológica de quien impugna el consenso de valores sobre el que se erigen las constituciones de la segunda postguerra mundial, un monarca parlamentario, como Felipe VI, educado en su Constitución, en una idea política de Europa, y ajeno a la inquina cainita de los tiempos, será inevitablemente un contrapunto a su ansiedad derogadora. Sólo desde esa clave se explica que unas sensatas expresiones del Monarca, a propósito de España en América, sean capaces de provocar una reacción tan delirante en ese espectro que aquí fluctúa entre el macizo de la raza y el podemismo de derechas.

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