Si, como han sugerido un ministro y algún jurista, el president Puigdemont decidiera desafiar al Tribunal Supremo español y presentarse ahora en España reclamando sus derechos legítimos, sin duda sería detenido y encarcelado por tiempo indefinido con cualquier pretexto e incluso correría el riesgo de aparecer un día muerto en su celda. Esta hipótesis no puede descartarse porque la inseguridad jurídica en el Estado español, en este y en tantos otros casos, se ha vuelto absoluta.

Hace ya tiempo que en España el imperio de la ley saltó por los aires precisamente porque los encargados de aplicar las leyes lo hacen de forma burdamente arbitraria, atribuyéndose el Poder Judicial el monopolio de la legitimidad, por encima de cualquier otra institución. Es la misma "autonomía" que reclamaban los militares franquistas durante la Transición y que ahora practican algunos jueces, especialmente el Tribunal Supremo, impasible el ademán, pese a haber sido desautorizado por la ley de amnistía, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La ley de amnistía es, en sí misma, el reconocimiento por parte del Parlamento español de que la represión del procés soberanista catalán y, especialmente, la sentencia del Tribunal Supremo comportaron una vulneración de derechos que era necesario restituir. Cuando el TJUE afirma que la ley favorece la reconciliación en beneficio del interés general, también deja claro que la sentencia y la actitud de los tribunales españoles han supuesto unos excesos que convenía reparar. Eso, obviamente, un Poder Judicial como el español, que ha funcionado como una casta........

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