Sorprende la fuerte reacción de los voceros del sector empresarial y de algunos periódicos contra un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda sobre la “inflación de vendedores” en Colombia, es decir, sobre el papel de las utilidades empresariales en el aumento de los precios. Se nota que la sensibilidad sobre este tema está a flor de piel.

El año pasado comenté varios estudios internacionales sobre el tema, que también se empezó a denominar la “inflación por avaricia” (greedinflation). Lo que hace el estudio de Minhacienda es aplicar la metodología de esos estudios al caso colombiano, y no es de extrañar que después de un detallado análisis de empírico llegaran a conclusiones similares, que vale la pena resumir pues han sido malinterpretadas por los gremios y los medios.

Para los autores los procesos inflacionarios tiene tres etapas: “i) impulso, ii) propagación y amplificación, y iii) conflicto con los trabajadores”. En el caso colombiano reciente, el impulso vino tanto en choques de oferta (la pandemia, la invasión a Ucrania, la caída de la producción de alimentos, etc.) como de demanda (el aumento del consumo de los hogares).

En la etapa de amplificación identifican un papel importante de las utilidades por cuanto ante el aumento de sus costos en los años 2020 a 2022 las empresas con poder de mercado los transmitieron a los precios al consumidor para mantener sus márgenes. En el año 2023 se dio la tercera etapa pero no por la vía del conflicto, sino del aumento real del salario mínimo que permitió la recuperación del ingreso real de los trabajadores.

Según este tipo de análisis, después de los choques exógenos que inician un proceso inflacionario, este se convierte en una “pugna distributiva”, como la denominó Raúl Prebisch, en la cual los cambios en los costos y los precios llevan a cambios en la participación de las utilidades y los salarios en el ingreso nacional, generándose un potencial conflicto social en el que el grupo perdedor trata de recuperar su tajada del pastel.

La visión tradicional ha señalado a los aumentos de salarios como el principal factor de la propagación y amplificación de la inflación en Colombia. Pero una conclusión interesante del estudio es que desde los años 70 del siglo pasado “las utilidades han aportado más a la inflación que la remuneración de los asalariados” pues han representado en promedio un 60% del aumento de los precios, medidos por el deflactor del PIB, mientras que los costos laborales solo han sido en promedio el 33%. En los dos últimos años la contribución de las utilidades subió al 77%.

Esta comprobación fáctica es, sin duda, una de las explicaciones a la alta y permanente desigualdad de la distribución del ingreso en Colombia. En lugar de descalificar documentos técnicos con argumentos ideológicos, se debe reflexionar sobre sus hallazgos para adoptar las políticas que permitan tener un país más equitativo.

*Economista.