Desde antes de diciembre de 2024, el doctor Santiago Salazar, entonces compañero en el doctorado en Derecho de la Universidad Libre en Bogotá, me propuso escribir sobre los tratados de protección a la inversión. Hoy, ya investido como juez civil del circuito en Tunja, su inquietud cobra una dimensión mayor: lo que parecía un tema técnico de derecho internacional privado se ha convertido en uno de los debates más sensibles sobre la soberanía del Estado colombiano.

Porque Colombia no solo firmó tratados para comerciar. Firmó reglas para ser juzgada.

En nombre del desarrollo, el país suscribió Tratados de Libre Comercio y Tratados de Protección de Inversión que incluían mecanismos como el arbitraje inversionista–Estado. Bajo este sistema, administrado en buena parte por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, (CIADI), un inversionista extranjero puede demandar directamente al Estado colombiano sin pasar por sus jueces naturales. Es una justicia paralela, técnica, costosa y —sobre todo— asimétrica.

Carrera de obstáculos y candidaturas

El problema no radica en la inversión extranjera, que ha sido y seguirá siendo necesaria. El punto crítico está en las condiciones bajo las cuales se aceptó su protección. Cláusulas........

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