Las Fuerzas Militares gozan del aprecio ciudadano, forman parte de nuestras más sólidas instituciones y exhiben indicadores de favorabilidad positivos. Según Invamer, el 63 % de los colombianos tienen una imagen positiva de ellas, mientras la desfavorabilidad del Congreso alcanza el 74 %; la del sistema judicial, el 78 %, y la de los partidos políticos, el 84 %.
En estas condiciones, es muy preocupante que se hable de la existencia de un plan tendiente a debilitarlas, como lo escribió recientemente Felipe Zuleta, con su probado carácter. Sería delirante que dentro del propio Estado se busque destruir su solidez y credibilidad.
Llama la atención, sin embargo, que durante los últimos meses la Casa de Nariño haya llamado a calificar servicios a cerca de 100 generales. De manera cáustica, María Isabel Rueda ha escrito que Gustavo Petro jamás imaginó, como rebelde, que podría llegar a dar de baja a tantos generales, en tan corto tiempo. Claro que no se trata de un problema burocrático, sino de la pérdida de “décadas de experiencia” por parte de los más probados soldados –como lo indicó recientemente el anterior embajador de Estados Unidos Kevin Whitaker–, cuyo conocimiento en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada es esencial, lo que termina concediéndoles una ventaja estratégica.
También es preocupante que, como producto de la nueva doctrina que se les está intentando imponer, bajo cuyos postulados no es posible reaccionar frente a la probada criminalidad que se viste de civil, los soldados se vean ahora expuestos a asonadas, o a la humillación de su secuestro, o al retiro obligado de zonas que han copado legítimamente e, inclusive, a que les roben sus pertenencias, como ocurrió recientemente en Antioquia. Algo totalmente aberrante. Lo más exótico es que, en uno de estos recientes episodios, el comandante a cargo de la situación no tuvo otra opción, para preservar su cargo, que declarar públicamente que estaba “dialogando”, para resolver la situación de su tropa. El honor militar puesto a prueba.
Sería delirante la existencia de un plan que, dentro del propio Estado, busque destruir la solidez y credibilidad de la Fuerza Pública
Paralelamente, inquieta que estén llegando a los organismos de control del Ejército y la Policía activistas del Pacto Histórico, con sus tesis sobre seguridad nacional y seguridad ciudadana. Es el caso de Luis Eduardo Parra, contralor delegado para el Sector de Defensa y Seguridad, viejo militante de la Colombia Humana, desde donde buscó la gobernación de Santander en el 2019, ha sido abogado personal de Petro y su amistad con él, según se dice, data de la época en que la casa paterna de Parra le sirvió de refugio, en tiempos de su clandestinidad en Bucaramanga.
Las primeras actuaciones de Parra prenden las alarmas. Arrancó denunciando corrupción por dobles nóminas en el Ministerio de Defensa. Luego, a mitad de año, la Presidencia y la Contraloría anunciaron coordinadamente el inicio de una investigación fiscal a varios generales, por un desfalco de medio billón de pesos en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, lo que deja entrever que estas indagaciones se conocen y comparten entre el Ejecutivo y el órgano de control, poniendo en duda su independencia. Y, más recientemente, en un informe del pasado 31 de octubre, el Contralor Delegado cuestionó conceptual y fiscalmente el modelo de seguridad del gobierno Duque, cuyo costo ascendió a $ 220 billones, sumándose a la tesis “progresista” de que nuestro Ejército y la Policía deben “abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva integral con un enfoque centrado en lo “humano”. Pura palabrería fundamentalista, orientada a impedir el uso de la fuerza legítima en defensa de los ciudadanos.
Lo que faltaba: el contralor Parra predicando las tesis que estuvieron en boga durante el estallido social del 2021, mientras crecen las masacres, el desplazamiento, los confinamientos, las desapariciones, los homicidios, la extorsión, el secuestro y el hurto, y la ley de la Nación se sustituye por “comparendos”, mediante los cuales la guerrilla impone sus reglas de convivencia en las regiones en que hace presencia. Frente a la situación reinante, no queda menos que reclamar claridad y acción por parte del Comandante en jefe de las Fuerzas Militares.
Taponazo. La mermelada alcanzó hasta para las EPS.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
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La mala hora de la Fuerza Pública
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10.12.2023
Las Fuerzas Militares gozan del aprecio ciudadano, forman parte de nuestras más sólidas instituciones y exhiben indicadores de favorabilidad positivos. Según Invamer, el 63 % de los colombianos tienen una imagen positiva de ellas, mientras la desfavorabilidad del Congreso alcanza el 74 %; la del sistema judicial, el 78 %, y la de los partidos políticos, el 84 %.
En estas condiciones, es muy preocupante que se hable de la existencia de un plan tendiente a debilitarlas, como lo escribió recientemente Felipe Zuleta, con su probado carácter. Sería delirante que dentro del propio Estado se busque destruir su solidez y credibilidad.
Llama la atención, sin embargo, que durante los últimos meses la Casa de Nariño haya llamado a calificar servicios a cerca de 100 generales. De manera cáustica, María Isabel Rueda ha escrito que Gustavo Petro jamás imaginó, como rebelde, que podría llegar a dar de baja a tantos generales, en tan corto tiempo. Claro que no se trata de un problema burocrático, sino de la pérdida de “décadas de experiencia” por parte de los más probados soldados –como lo indicó recientemente el........
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