El Partido Popular volverá a convertir el Senado en el escenario de una nueva batalla institucional contra el Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular pretende llevar al Pleno de la Cámara Alta un nuevo conflicto de atribuciones por las ausencias de varios ministros llamados a comparecer para dar explicaciones sobre la crisis desencadenada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. 

A la ofensiva jurídica se añadirá otra de naturaleza estrictamente política: cinco miembros del Ejecutivo serán objeto de propuestas de reprobación por la gestión de aquella emergencia fronteriza.

La acometida sitúa en el centro del tablero al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a quienes el PP responsabiliza de no haber acudido al Senado cuando fueron requeridos para explicar la respuesta del Gobierno. A ellos se suman las ministras de Educación e Igualdad, Mónica García y Ana Redondo, que también serán señaladas políticamente por el grupo mayoritario de la oposición en la Cámara Alta.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha elevado el tono de la crítica y ha resumido la posición de su formación en una frase deliberadamente contundente: “Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes”. Para la dirigente popular, el Ejecutivo no puede decidir qué Cámara le controla, cuándo comparece ni bajo qué condiciones.

La batalla por una silla vacía

La controversia nace de una cuestión que, en democracia parlamentaria, es menos ornamental de lo que parece: quién comparece, ante quién y para responder de qué. El Senado no es únicamente una segunda cámara legislativa; también ejerce funciones de control sobre el Ejecutivo. La Constitución establece en su artículo 110 que las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del........

© El Plural