Se acerca un final de curso que el Gobierno afronta con la determinación -o casi necesidad- de reivindicar su acción legislativa. El aluvión de causas judiciales que rodea al Partido Socialista y la debilidad parlamentaria de la coalición con Sumar, exigen a Moncloa un espaldarazo para afrontar con argumentos el tiempo que le quede a la legislatura. En ese sentido, Sumar lo apuesta todo a la carta de la vivienda, y presiona a su socio para irse de vacaciones con los deberes hechos. 

El objetivo es que del último Consejo de Ministros antes del parón veraniego, el próximo 29 de julio, salga un ‘macro decreto’ de vivienda que aglutine varios de los proyectos pendientes de la coalición progresista. Entre ellos están la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que ya tumbó el Congreso de los Diputados en abril con los votos en contra del PP, Vox y Junts. 

Convencer a la derecha nacionalista, que ya pide un adelanto electoral si el Gobierno no legisla, es el principal escollo. Por ello, a esa norma se sumarán otros de los textos que pretenden contentar al amplio espectro de socios de investidura. El Gobierno pretende conceder a Junts y el PNV las bonificaciones fiscales a los caseros, mientras que la izquierda alternativa nacional, con Podemos a la cabeza de las críticas, presiona para incluir medidas como la regulación de los alquileres........

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