El pasado 5 de febrero se conocían las acusaciones de una exconcejal del Partido Popular (PP) de Móstoles al alcalde del municipio, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral. El ya 'caso Móstoles' ha puesto en el punto de mira a dirigentes populares como Alfonso Serrano y Ana Millán, 'número dos' y número tres' de Ayuso, respectivamente, después de que se reunieran con la víctima y la desanimaran en su deseo de acudir a los tribunales. Desde que se conociera la noticia, el PP de la presidenta madrileña ha tratado de desacreditar a la denunciante, a la que han acusado de actuar con "mala fe" o de ""prefabricar pruebas". No obstante, y pese a la campaña, la exconcejala de Móstoles se ha querellado contra el edil por acoso sexual y, además, solicita que Ayuso declare como testigo.

La concejala de Móstoles ha presentado una denuncia contra Manuel Bautista, pero también contra el Partido Popular como persona jurídica -en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal-, en los juzgados de la localidad madrileña por presunto delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. 

Tal y como relata el abogado de la víctima, el letrado Antonio Suárez-Valdés, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

A través de un comunicado, el abogado apunta a que "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente". “El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

Además, el despacho sostiene que la querella se basa “en un nutrido soporte probatorio”. 

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