Juicio el lunes en la Audiencia de Barcelona

María José A, víctima de una superestafa inmobiliaria con notarios implicados en Catalunya: "Pensé que me quedaba sin techo donde vivir"

Una de las afectadas relata a EL PERIÓDICO el engaño sufrido: ante notario firmó lo que ella creía que era un préstamo, cuando en realidad vendió de su piso a un precio muy inferior al de mercado

Fiscalía y defensa ultiman un pacto para rebajar las penas y dar marcha atrás en las compraventas

Superestafa inmobiliaria en Catalunya: el fiscal reclama hasta más de 20 años de prisión

El relato de una víctima de superestafa inmobiliaria

El relato de una víctima de superestafa inmobiliaria / ZOWY VOETEN / VÍDEO: Z. VOETEN / M. TUDELA

"Pensé que me quedaba sin techo". Tal cual. Y tan crudo. María José A. es una de las más de 100 víctimas de una de las mayores estafas inmobiliarias de España, en la que presuntamente están implicadas 17 personas, entre ellas notarios como Enrique Peña, suspendido de sus funciones, y el abogado Francisco Comitre. Un total de 128 familias catalanas perdieron su vivienda o estuvieron en riesgo de perderla por la actuación de esta trama, que se aprovechaba de los afectados, entre ellos ancianos y enfermos, para, según la acusación, engañarles. Ellos creían que estaban pidiendo un préstamo y, sin embargo, firmaban –sin su consentimiento informado– la compraventa de sus casas por un precio muy inferior a su valor de mercado.

Entre los acusados figuran el abogado Francisco Comitre, el notario Enrique Peña, suspendido de funciones, y Artur Segarra, estafador que cumple cadena perpetua en Tailandia por asesinato

Entre los acusados figuran el abogado Francisco Comitre, el notario Enrique Peña, suspendido de funciones, y Artur Segarra, estafador que cumple cadena perpetua en Tailandia por asesinato

Está previsto que este lunes 16 de febrero empiece en la Audiencia de Barcelona el juicio contra esta trama. La fiscalía también sitúa como presunto cabecilla a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó al empresario David Bernat. El fiscal reclama hasta más de 20 años de cárcel para los acusados, aunque se está ultimando un pacto entre la defensa y el ministerio público para rebajar esta petición y que la mayoría de ellos no ingresen en prisión. Según el acuerdo, también se anularían las compraventas.

La historia de María José A. se remonta a la crisis de 2008, cuando intentaba resistir y mantener abierta su tienda de ropa y complementos. Cuando llegaba Navidad y Reyes, hacía muy buena caja. "Tenía muy buena clientela", explica a EL PERIÓDICO en el despacho de su abogada, Marta Masip, del bufete Molins&Parés. Un día se vio abocada a intentar conseguir un préstamo. Debía comprar material y no tenía dinero. "Quería aguantar, a ver si la crisis amainaba", recuerda. No vivía un buen momento y el alcohol y la droga fueron su refugio. "Me puse a buscar quién me podía dar un préstamo de 3.000 euros, lo suficiente para comprar 'stocks' de saldo y sacar un dinero. Me pedían que pusiera mi piso como aval", precisa. Corría el mes de octubre de 2012.

"No leí el documento porque te fías del notario: le pagas para que él te dé seguridad, estabilidad y fiabilidad"María José A.

"No leí el documento porque te fías del notario: le pagas para que él te dé seguridad, estabilidad y fiabilidad"

La mujer llamó a varias puertas y, al día siguiente por la mañana, la llamó David Navarro (uno de los imputados), quien aparentemente, según el fiscal, se dedicaba a ofertar y contratar productos financieros que permitían obtener liquidez. "Me dijo que quería venir a mi casa, en El Prat de Llobregat. Solo para ver cómo vivía. Me dijo que no hacían falta escrituras ni nada de eso", asegura María José A. Fue, según relata, "superamable" con ella. En ningún momento imaginó lo que ocurriría después. "Yo confié en él", subraya. La acusación pública sostiene que, finalmente, lo que la mujer convino con el acusado era una modalidad de préstamo personal garantizado con la vivienda, lo que le permitía a María José A. continuar residiendo en su vivienda habitual, donde vive con una hija. "Me dijo que, en vez de 3.000 euros, pidiera 5.000 euros, que los gastos eran los mismos. Mi idea era saldarlo en enero", tras la campaña de Navidad y Reyes. Apenas tres meses más tarde.

Sin embargo, el producto que David Navarro –argumenta el fiscal– ofrecía a María José A. no era un préstamo personal con garantía inmobiliaria, sino que una de sus sociedades (Gestión Activa Civil Mercantil) compraba la vivienda a cambio de un precio aplazado de 41.700 euros, cuando el valor del piso era entonces de 250.000 euros. María José y el intermediario fueron al despacho del notario investigado, Enrique Peña, quien le puso delante los documentos. "Yo escuché lo que él me dijo que leía y firmé. Yo no leí el documento porque uno se fía del notario, porque para eso vas y le pagas: para que él te dé seguridad, estabilidad y fiabilidad", recalca la víctima. Tuvo que acudir a la notaría en dos ocasiones más.

" El administrativo de la notaría me miraba con los ojos desorbitados y me preguntó: ‘¿Tú sabes lo que has firmado?’. Le dije: ‘Parece que no'".María José A.

" El administrativo de la notaría me miraba con los ojos desorbitados y me preguntó: ‘¿Tú sabes lo que has firmado?’. Le dije: ‘Parece que no'".

Al cabo de un tiempo, según su versión, contactó con David Navarro porque no le habían pasado ninguna cuota del préstamo y ella no quería que se acumulasen los pagos. Él le dijo: "Bueno, creo que no lo has entendido bien. En realidad, en sí, no es un préstamo". "¿Cómo que no es un préstamo?", respondió María José, quien le recriminó que ella no tenía copia de lo que había firmado. "No quise hablar más y fui al notario. El administrativo de la notaría me miraba con los ojos desorbitados y me preguntó: ‘¿Tú sabes lo que has firmado?’. Le dije: ‘Parece que no'". Entonces leyó las copias que le había dado y vio que había vendido su piso por 5.000 euros. Además, había firmado un contrato de alquiler con ellos en el que debía pagar 400 euros, detalla María José.

Miedo a perderlo todo

La situación la hundió más. "No estaba pasando una buena racha y tengo trastorno límite de la personalidad", admite la mujer. El estrés recayó en sus adicciones, superadas desde hace 11 años. "Cuando bajé del notario a la calle no podía parar de llorar", asegura. Llamó a una amiga y le explicó lo que había pasado. "No puede ser", le dijo, y le recomendó no conducir. "Yo pensé: 'Da igual; lo único que quiero es morirme. Estoy con esta adicción y encima no tengo un techo", rememora.

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Puso el caso en manos de abogados para evitar el desahucio. "Lo único que hice fue trabajar y trabajar, ni un café fuera de casa”. María José presentó una demanda, con el correspondiente gasto (32.000 euros) y sufrimiento. "Fueron ocho meses de infierno, sin ayuda de nadie y sin el apoyo de mi familia", afirma. Con sacrificio y tesón, recuperó, al final, la posesión de su vivienda. “Del juicio no espero nada para mí, pero sí que la gente desconfíe y vaya con más cuidado; y que esto no quede impune”, sentencia.

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