A lo largo y ancho del territorio de Colombia, así como en gran parte de América Latina, la inseguridad por cuenta de las bandas de crimen organizado se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía según muy diferentes sondeos y encuestas. En nuestro país todo indica que la inseguridad, así como las respuestas que puedan alcanzar los gobernantes a nivel local y nacional frente a ese fenómeno, se han posicionado como el más urgente tema de conversación en el debate público.
Cada día es noticia un nuevo robo masivo en restaurantes o semáforos en distintas ciudades del país. Desde que llegó a Bogotá esta modalidad de crimen sin vergüenza alguna, a plena luz del día y ante los ojos impotentes de decenas de personas, parece haber surgido más preocupación por el asunto. Pero quienes hemos vivido en ciudades como Cali, o Medellín o Barranquilla, sabemos que esta modalidad de robo lleva azotando a la ciudadanía más de una década. Los esfuerzos desde la política pública y desde las instituciones se han quedado realmente cortos, mientras que los ilegales parecen ganar más terreno en esa pelea.
Toda la ciudadanía sufre a diario por cuenta de la inseguridad. Quienes trabajan duramente se enfrentan en espacios como las calles y el transporte público a la amenaza de quienes en cuestión de instantes quieren arrebatarles todo por lo que han trabajado tan duramente. Pero más grave aún: la inseguridad pone en enorme riesgo nuestra integridad y nuestras vidas mismas, mientras que los criminales actúan con una indignante tranquilidad. Ahí resulta especialmente desconcertante lo cortas que se han quedado las respuestas políticas, viniendo desde quienes se quedaron en el postulado trasnochado de querer resolver la problemática del crimen únicamente desde la política social, hasta la brutal y poco efectiva idea de que solo desde la mano dura se conseguirá un cambio. La respuesta, si es que hay alguna, solo podrá llegar de manera integral.
Tal vez lo más preocupante es la casi absoluta impunidad de la que gozan los criminales en Colombia, hasta el punto de que muchos de los casos más sonados de robos y asaltos donde los criminales son capturados terminan en su regreso impune a la libertad en cuestión de horas. Por cuenta de argumentos como el vencimiento de términos, los errores de procedimientos y el hacinamiento carcelario, la tarea de la policía que captura a los ladrones en plena escena del delito termina siendo en vano, lo cual termina enviando un explicable mensaje de tranquilidad al hampa y de temor a la ciudadanía.
Y entre más crece la inseguridad en las ciudades del país, también surgen más voces que piden la llegada a Colombia de un modelo como el de Bukele y de tantos como él que vinieron antes. Pero en Colombia no es necesario inventarnos nuevas fórmulas de justicia penal, ni tampoco importar experimentos de otros países que pueden salir muy mal. Sería suficiente con que se apliquen las leyes existentes y que el crimen sea debidamente castigado, aunque por ahora parece mucho pedir.
Lo que demuestra la experiencia latinoamericana es clarísimo: cuanto más crece la inseguridad ciudadana, más terminan los ciudadanos dispuestos a ceder derechos a cambio de ver mejoras en materia de seguridad. Hoy la democracia colombiana enfrenta un inmenso desafío: sus líderes y su institucionalidad deben ser capaces de resolver de manera efectiva y justa (esto último nunca puede perderse de vista) la enorme problemática de la inseguridad, antes de que discursos políticos autoritarios que crecen en la región tengan acogida aquí.
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