El asalto absurdo que el presidente del Ecuador ordenó contra la sede diplomática de México, en Quito, ha desatado una controversia muy necesaria sobre la vigencia del derecho de asilo y su debida aplicación.
Necesaria, digo, porque estamos viviendo tiempos tormentosos en los cuales se presentan situaciones que les permiten a personas acudir a las residencias de los representantes diplomáticos para obtener el derecho de asilo. Es lo que ha ocurrido con el expresidente Martinelli en Panamá, quien está asilado en la embajada de Nicaragua. Es el caso del expresidente Bolsonaro en Brasil. Buscó asilo en la embajada de Hungría. Assange rompió la confidencialidad de una inmensa cantidad de archivos diplomáticos de los Estados Unidos, y para eludir la justicia americana buscó asilo en las oficinas de la embajada del Ecuador en Londres, al lado de las nuestras. Y entiendo que seis miembros de la campaña presidencial de María Corina Machado se asilaron en la embajada de Argentina, en Caracas, para evitar así una eventual detención arbitraria.
El tema toca fibras muy sensibles de nuestra política exterior porque Colombia dio lugar a un caso emblemático del derecho de asilo cuando el dirigente político de izquierda en el Perú, Víctor Raúl Haya de La Torre, se asiló en nuestra sede diplomática en Lima para eludir una persecución del gobierno de entonces que lo consideraba como un vulgar criminal y no como el dirigente político y el intelectual que era admirado y apreciado no sólo en Perú, sino en toda la América Latina. El asilo de Haya de La Torre en la residencia que todavía Colombia utiliza en Lima duró más de cinco años y fue un tema de debate internacional. Colombia y Perú llevaron el caso ante la Corte Internacional de Justicia y el principal desacuerdo giraba en torno de quién tenía la potestad de calificar la naturaleza de ese asilo, si el Perú o Colombia. Nos fue muy mal en el caso ante esa Corte. Fueron mayorías abrumadoras contra la tesis de Colombia. Colombia perdió y no pudo otorgar el salvoconducto.
La verdad verdadera es que estamos en presencia de un abuso del derecho de asilo porque políticos importantes que han cometido conductas criminales buscan burlar la sanción de la justicia por esta vía tan importante, tan humanitaria, tan necesaria, que es la del derecho de asilo para proteger el derecho a la crítica, a la oposición, a la disidencia, a la rebeldía.
Y por ello, sí es muy necesario realizar una nueva conversación al respecto para establecer parámetros que preserven esta valiosa institución humanitaria que no puede ser una herramienta de evasión o burla de la justicia ordinaria. No es un tema fácil.
Lo que ocurrió en Quito no es admisible. Es una violación flagrante del derecho internacional que protege las residencias y las oficinas diplomáticas y que protege con la inmunidad a los funcionarios diplomáticos. Ello es un atentado descomunal contra la necesidad de contar con herramientas que permitan el diálogo civilizado aún entre países que están en conflicto inclusive armado. El respeto a esta inmunidad diplomática es de la esencia para preservar los mínimos en un mundo en el cual las confrontaciones armadas todavía proliferan. Los canales diplomáticos son fundamentales para preservar la paz, la convivencia entre las naciones.
En el caso del exvicepresidente ecuatoriano con varias sentencias en su contra por conductas criminales no había sino un camino, que era el de llevar el tema ante la Corte Internacional. No se podía resolver por la vía armada frente a una institución diplomática desarmada que representa el valor del diálogo inteligente y de la convivencia en un mundo que reclama armonía y entendimiento.
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