Cuando el vehículo jurídico clave de una política pública estratégica nace al margen del control preventivo y luego se intenta corregir el rumbo sobre la marcha, no estamos ante un tecnicismo.

Resulta difícil no experimentar una profunda perplejidad frente a lo que ha quedado en evidencia a propósito del acuerdo entre Codelco y SQM y, en particular, de la creación y utilización de Minera Tarar SpA como vehículo central de la Estrategia Nacional del Litio.

Hoy no parece existir controversia seria respecto de un punto básico: Minera Tarar, constituida en 2023, es una empresa pública –filial de Codelco y, en definitiva, vinculada al patrimonio estatal–. Como tal, su constitución debió necesariamente haber sido sometida al control de legalidad previo de la Contraloría General de la República. Ese control no es una formalidad caprichosa: es una de las garantías institucionales más........

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